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Carlos Alonso Lucio excompañero de Gustavo Petro en M-19 prepara juicio político contra el presidente

El otrora subversivo y excongresista arremete contra el primer mandatario.

Carlos Alonso Lucio
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mar, 16/01/2024 - 08:01 Créditos: Archivo Particular


El tema del posible juicio político al presidente Gustavo Petro en el Congreso de Colombia ha cobrado relevancia en el ámbito nacional. 

Carlos Alonso Lucio, excongresista y exasesor de paz entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ha manifestado su postura sobre la necesidad de llevar a cabo este procedimiento legal y constitucional. 

Lucio, exmiembro del movimiento M-19, argumenta que el presidente Petro habría incurrido en acciones contrarias a la legislación y a la Constitución de Colombia, específicamente en relación con supuestas irregularidades durante su campaña presidencial.

En Caracol Radio Lucio descartó que su propuesta equivalga a un intento de golpe de Estado contra el presidente Petro. Por el contrario, enfatiza que el juicio político es un mecanismo legítimo y pacífico establecido en la Constitución colombiana, destinado a abordar crisis políticas y asegurar que los gobernantes se sometan a la ley.

El proceso de juicio político en Colombia puede iniciarse de tres maneras: de oficio por los miembros de la Comisión de Acusaciones, por denuncia del fiscal General, o por acusación de cualquier ciudadano. 

Lucio menciona que existen diversas razones para proceder con un juicio político contra Petro, incluyendo la presunta violación de los límites de financiamiento de campaña, la recepción de fondos no declarados y el ocultamiento de donantes. Estas acusaciones también han involucrado a Nicolás Petro, hijo del presidente, y al gerente de su campaña.

El pasado 12 de diciembre, la Comisión de Acusaciones inició formalmente la investigación sobre el juicio político al presidente Petro, basándose en más de 40 denuncias presentadas en su contra. 

Según el artículo 424 del Código de Procedimiento Penal de la Ley 600 de 2000, los investigadores deben presentar los resultados de su indagación a la plenaria de la Cámara antes de un plazo máximo, que en este caso finalizará el 6 de junio.

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