Exsenador Julián Bedoya sancionado por obtener título de abogado de manera irregular

La Procuraduría General de la Nación ha emitido un fallo de primera instancia sancionando al exsenador Julián Bedoya Pulgarín, quien fungió como parlamentario entre 2018 y 2022. La sanción impuesta es contundente: 10 meses de suspensión e inhabilidad especial. La razón detrás de esta medida disciplinaria revela un caso grave de corrupción académica.

¿De qué se le acusa a Julián Bedoya?

Se acusa a Bedoya Pulgarín de haber utilizado su investidura política entre octubre de 2018 y marzo de 2019 para agilizar de manera inapropiada la obtención de su título de abogado. La Procuraduría ha confirmado que el exsenador recibió ventajas indebidas por parte de la Universidad de Medellín, materializándose en la obtención irregular de su grado con un trato preferencial por parte de la institución académica.

Los hallazgos de la investigación no se detienen ahí. La Sala Disciplinaria ha comprobado la manipulación de reglamentos universitarios para favorecer a Bedoya Pulgarín, incluyendo la alteración de documentos y la manipulación de procesos formativos y de reintegro que facilitaron la obtención del título profesional de manera cuestionable.

En el ámbito académico, las irregularidades son aún más alarmantes. El exsenador aprobó asignaturas sin estar debidamente registrado como estudiante para el periodo en el que supuestamente las cursó, y la presentación de exámenes en un mismo día no se ajusta a los tiempos estándar de un alumno de pregrado, según lo validado por la investigación.

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Sanciones para Bedoya

La Procuraduría, al establecer que Bedoya Pulgarín vulneró el principio de moralidad que regula la función administrativa, ha calificado la falta como grave cometida a título de dolo. Este escándalo arroja luz sobre las prácticas poco éticas que, según las autoridades, socavan la integridad del sistema educativo y la confianza pública en las instituciones.

La sanción impuesta, además, será convertida a salarios, de acuerdo con lo devengado en el momento de la comisión de la falta. Este caso no solo representa un golpe a la carrera política del exsenador, sino que también plantea interrogantes sobre la necesidad de una mayor vigilancia y transparencia en los procesos académicos.

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