Revelan posible sobrecosto en compra de vehículos entre MinDefensa y empresa canadiense

El Ministerio de Defensa se encuentra en medio de un escándalo tras la denuncia de Semana en la que se afirma que un viceministro y otros funcionarios presionaron al medio para impedir la publicación de una historia sobre la adquisición de 55 vehículos militares por un valor de $1,3 billones, equivalentes a US$305 millones 

La denuncia recibida por el medio de comunicación advierte sobre un posible sobrecosto cercano a los US$17 millones, que, según la fuente, sería la causa de la salida de Ana María Garzón, funcionaria clave para el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ocurrida tres meses después, en reserva y sin explicación. 

Garzón, quien había trabajado en investigaciones sobre el paramilitarismo contra funcionarios de alto nivel, congresistas y políticos, era una de las personas de mayor confianza del ministro.

El medio buscó de inmediato una respuesta en el Ministerio de Defensa ante la gravedad de la denuncia. Esta, según indicó la publicación, se sustenta en documentos oficiales, entre los que se encuentran el contrato, los soportes que sirvieron para elaborar la ficha técnica y las características que debía cumplir el proveedor de los vehículos militares.

En lugar de explicar la multimillonaria y silenciosa inversión, y aclarar si existieron los supuestos sobrecostos o no, un viceministro y otros funcionarios intentaron callar la revista con arbitrariedades y supuestas presiones en una reunión que se llevó a cabo el pasado jueves 20 de abril en el Ministerio de Defensa.

El viceministro de Estrategia y Planeación, general (r) Ricardo Díaz, encabezó la reunión junto con otros funcionarios. Esta avanzaba en términos cordiales hasta que le expusieron al coronel Carlos Luque unas fotografías de los documentos de la denuncia con el propósito de conocer su veracidad.

Asegura el medio que la situación molestó al director de proyección de capacidades e innovación, Javier Mondragón, quien de inmediato se quejó por las pruebas expuestas. Pese a la molestia y tensión, el encuentro continuó, pero con reparos permanentes a los documentos de la denuncia periodística.

En un momento, Mondragón advirtió que los temas que se estaban tratando eran de seguridad nacional y altamente sensibles para el país, por lo que no se podían divulgar a la opinión pública. 

Luego de la advertencia del alto funcionario, el viceministro Díaz tomó en sus manos un documento, lo levantó delante de los asistentes y condicionó la continuidad de la reunión a que el comunicador del medio lo firmara.

Se trataba de un acuerdo de confidencialidad en el que este medio debía comprometerse a no publicar. De lo contrario, la reunión se terminaba inmediatamente. Por obvias razones, el periodista se negó a firmar dicho documento. Entonces, el viceministro ordenó levantar la reunión como lo había advertido.

El multimillonario acuerdo militar entre el Ministerio de Defensa y una empresa canadiense encargada del suministro de vehículos blindados ha sido revelado por una fuente anónima. 

La transacción, que se dice que asciende a US$305 millones ha suscitado preocupaciones sobre presuntos sobrecostos que podrían haberse cargado al Ministerio de Defensa.

La fuente entregó pruebas de que el contrato se hizo bajo el sistema Incoterms DPU, que establece que el proveedor debe poner los elementos adquiridos en las instalaciones del comprador y asumir el costo del envío. 

Sin embargo, se dice que en este caso, el Ministerio de Defensa habría pagado por algunos costos que deberían haber sido asumidos por el proveedor, en detrimento de los intereses económicos nacionales.

En particular, la fuente destacó cuatro elementos del acuerdo que podrían haber representado aumentos injustificados. El primero se refiere al pago por almacenaje y ejercicios de pruebas de los vehículos de combate, que podría haber generado un sobrecosto cercano a los US$2,9 millones.

El segundo al pago por la ingeniería no recurrente en fábrica para la integración de sistemas de armas y comunicaciones, que podría haber generado un aumento de US$7 millones.

El tercero es la gestión del programa en fábrica, por que podría US$4 millones de incrementos. Y el cuarto se refiere al desarrollo de actualizaciones a manuales existentes, que podría haber generado un sobrecosto de US$1,4 millones. 

Además, se ha informado que no se incluyó el transporte de los vehículos a Colombia, que también debería haber sido responsabilidad del proveedor. 

Aparentemente, los posibles errores en el acuerdo y la firma apresurada del contrato el 29 de diciembre de 2022, habrían sido el detonante para que Ana María Garzón, una funcionaria clave para el ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentara su renuncia.

Garzón, quien era considerada una persona de confianza del ministro Velásquez y había trabajado en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así como en investigaciones sobre paramilitarismo contra funcionarios de alto nivel, congresistas y políticos, renunció junto con el director de contratación estatal del Ministerio de Defensa, Juan David Montoya. No se han proporcionado detalles sobre el motivo de la renuncia de Montoya.

El medio de comunicación aseguró que trató de comunicarse con el Ejército para averiguar si el comandante de dicha institución, el general Luis Mauricio Ospina, había solicitado una revisión del acuerdo, pero no se recibió respuesta. 

Mientras tanto, se espera que el ministro Iván Velásquez responda a las dudas que rodean esta millonaria adquisición y también a la denuncia sobre supuesta intimidación de sus funcionarios a la prensa.

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