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Procuraduría podrá sancionar a funcionarios elegidos por voto popular
La decisión unifica criterios y garantiza el principio de doble conformidad, cumpliendo con una sentencia de la Corte IDH.
En una decisión histórica, el Consejo de Estado determinó que asumirá el control automático de las sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría General de la Nación a funcionarios elegidos por voto popular.
Esta medida responde a lo establecido en la sentencia C030 de 2023 de la Corte Constitucional y cumple con las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Petro vs Colombia.
La decisión, adoptada con 16 votos a favor y cuatro en contra, unifica la competencia de la Sala Plena del Consejo de Estado para revisar las sanciones disciplinarias contra funcionarios populares, tanto en ejercicio del cargo como fuera de él.
Según explicó el presidente del Consejo de Estado, magistrado Milton Chaves, esta medida garantiza el principio de doble conformidad, permitiendo que las decisiones de primera instancia sean revisadas por una autoridad judicial superior.
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"El control que va a hacer el Consejo de Estado cobijará tanto a los elegidos popularmente en ejercicio del cargo como a quienes ya no lo están. Esto asegura la posibilidad de revisar esas decisiones en pro de la justicia y el respeto de los derechos políticos", afirmó el magistrado Chaves.
La resolución también aclara que esta competencia es de carácter transitorio y que será el Congreso de la República el encargado de legislar un estatuto definitivo sobre los derechos políticos de los funcionarios de elección popular.
La discusión surgió cuando el magistrado Gabriel Balbuena argumentó que el Consejo de Estado no tenía jurisdicción sobre las sanciones de la Procuraduría. No obstante, con esta sentencia de unificación, se zanja el debate y se otorga al Consejo de Estado la facultad de revisar casos de destitución, suspensión e inhabilidad.
Con este avance, Colombia se alinea con estándares internacionales de derechos humanos y refuerza el control judicial sobre las decisiones disciplinarias que afectan los derechos políticos de los funcionarios elegidos por voto popular.
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