JEP investiga archivos del DAS sobre toma del Palacio de Justicia

Tras un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre casos de desaparición durante el cerco, la JEP consultará los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos clasificados del extinto DAS relacionados con la toma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985. 

Esta decisión surge luego de evaluar una solicitud de los familiares de los desaparecidos, quienes solicitaron que las víctimas tuvieran acceso a los archivos. 

La decisión también tuvo en cuenta un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que el Estado colombiano es responsable de violar las garantías judiciales y la protección judicial en algunos casos de desapariciones.

"En cuanto al caso específico, el panel observa que el 14 de noviembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dictó sentencia en el caso de Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, declarando responsable al Estado colombiano por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el sitio y toma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985", dijo la JEP en su fallo.

Lea también (Así perdió su investidura el presidente del Congreso Roy Barreras: detalles del fallo)

Teniendo en cuenta este fallo, la JEP determinó que las víctimas tienen derecho a acceder a la información relacionada con los casos de sus familiares y que el extinto DAS tenía en ese momento.

"Este panel ordenará a la Unidad de Investigación y Persecución de la Jurisdicción Especial para la Paz que comisione a un grupo de policías judiciales para realizar, en el plazo de 30 días hábiles, (i) el acceso y consulta de los archivos relacionados con el caso de Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs elevados ante la CIDH, y (ii) presentar informe sobre dicha diligencia", ordenó el Magistrado Oscar Parra.

Con esta decisión se espera que luego de acceder a los documentos, las víctimas y la JEP puedan contar con más información que ayude a esclarecer casos que aún no han sido resueltos, hasta el día de hoy, sobre desapariciones ocurridas durante el cerco y operativo de retoma.

El 6 de noviembre de 1985, un grupo de guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) llevó a cabo una incursión en el Palacio de Justicia, ubicado en el costado norte de la Plaza de Bolívar en Bogotá, Colombia. 

La operación, conocida como la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, dejó a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia.

Tras la incursión, la Policía Nacional y el Ejército Nacional rodearon el edificio e iniciaron una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985, culminando después de 28 horas. 

Le recomendamos leer (La historia de Miguel Ángel Pinto, el senador que reemplazará a Roy Barreras)

Desafortunadamente, los hechos dejaron un saldo trágico de 101 muertos, incluyendo a 11 magistrados. Además, 11 personas fueron consideradas como desaparecidas al no conocerse su paradero, un número que se reduciría a 6 después de que la Fiscalía General de la Nación anunciara en el 2000 que el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería, había sido hallado en una fosa común. 

El 17 de octubre de 2015, el Instituto de Medicina Legal anunció la identificación de los restos de Cristina del Pilar Guarín Cortés, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela, mientras que en 2017, la Fiscalía General de la Nación identificó plenamente los restos del magistrado auxiliar Emiro Sandoval.

A partir de las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de la Nación desde 2005 sobre los civiles desaparecidos durante la retoma del Palacio por parte del Ejército Nacional y que salieron con vida del hecho quedando en custodia de la Fuerza Pública, fueron detenidos dos coroneles y el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega. 

El militar retirado fue condenado en 2010 por la Fiscalía y liberado y declarado inocente el 16 de diciembre de 2015 por la Corte Suprema de Justicia. 

A su vez, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado a 35 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia de Colombia en 2019. El coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, el mayor (r) Óscar William Vásquez, y los capitanes (r) Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Ferney Ulmardín Causayá Peña fueron condenado a 40 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá en 2021.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha calificado la toma y retoma como una masacre, lo que resalta la importancia de seguir investigando los hechos para garantizar la justicia para todas las víctimas.

Otras noticias