Imputan a Daniel Quintero por presunta corrupción en el caso del predio Aguas Vivas en Medellín

La Fiscalía General de la Nación imputó este martes al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por presuntos delitos contra la administración pública en relación con el predio Aguas Vivas, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado. La medida hace parte de una investigación por posibles maniobras irregulares durante su gestión.

Junto a Quintero, también fueron imputados otros 10 exfuncionarios y particulares por su presunta participación en decisiones administrativas que habrían favorecido indebidamente a los propietarios del terreno. Según el ente acusador, el lote fue entregado gratuitamente al Distrito como parte de una obligación urbanística, pero la administración de Quintero habría promovido su devolución para facilitar una venta por más de $40.000 millones.

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La Fiscalía sostiene que estas actuaciones vulneraron normas urbanísticas y ambientales, y podrían constituir un caso de corrupción administrativa de alto impacto. Las decisiones tomadas desde la Alcaldía habrían modificado el uso del suelo del predio, elevando significativamente su valor al permitir desarrollos como hoteles, centros comerciales y otros usos comerciales.

Entre los delitos imputados al exalcalde y a los demás involucrados se encuentran peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción. La investigación apunta a que estos cambios favorecieron directamente a particulares con un beneficio económico que no correspondía.

Uno de los hechos más cuestionados por el ente acusador es que solo el predio Aguas Vivas fue devuelto a sus antiguos dueños, pese a que existían otros lotes con condiciones similares que no recibieron el mismo trato. Además, se intentó pagar una suma millonaria por un bien que ya hacía parte del patrimonio del Distrito, lo cual habría generado un detrimento patrimonial.

La Fiscalía también advirtió que hubo un aparente intento de legalizar decisiones que desconocían el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente y las restricciones ambientales impuestas sobre el predio. Esta acción podría indicar una intención deliberada de favorecer intereses particulares por encima de las normas urbanísticas de la ciudad.

El caso ahora entra en una fase crucial, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para sustentar las imputaciones y posibles llamados a juicio. Por su parte, Daniel Quintero ha negado en repetidas ocasiones cualquier responsabilidad en actos de corrupción durante su mandato.

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