Gobierno reactivará proyecto de sometimiento a la justicia como parte de la política de Paz Total

En un nuevo esfuerzo por avanzar en la implementación de la política de Paz Total, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, se prepara para radicar un proyecto de ley de sometimiento a la justicia. La ministra Ángela María Buitrago confirmó que esta iniciativa busca incorporar a grupos armados ilegales en un proceso de desmovilización y rendición de cuentas ante la justicia, bajo un marco legal ordinario que evite esquemas de justicia transicional específicos para cada grupo.

“Queremos garantizar un proceso que esté alineado con la Ley de Paz Total y que permita una respuesta adecuada a casos que no se encuentren dentro del marco temporal de leyes previas como Justicia y Paz”, explicó la ministra en entrevista con El Tiempo.

El proyecto está en etapa de construcción, en diálogo con representantes de mesas de negociación con bandas criminales y actores armados, y cuenta con el liderazgo del presidente Gustavo Petro y el comisionado de Paz. Según Buitrago, se espera que el borrador sea presentado en la segunda mitad de 2025 para su discusión en el Congreso de la República.

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La propuesta legislativa enfatiza en la necesidad de crear un marco legal único que permita procesar a los grupos armados ilegales sin duplicidades ni confusiones jurídicas. Esto busca fortalecer la confianza en el sistema judicial y evitar percepciones de impunidad o beneficios excesivos para los desmovilizados.

El gobierno también trabaja en paralelo en otros proyectos de reforma judicial, como el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, con un enfoque restaurativo que prioriza la rehabilitación de jóvenes infractores.

Aunque la iniciativa se presenta como una herramienta clave para avanzar en la desmovilización y el fin del conflicto armado, sectores críticos han expresado preocupación por posibles abusos o beneficios indebidos otorgados a los grupos armados. Ante estas inquietudes, la ministra Buitrago reiteró que el gobierno está comprometido con un proceso riguroso y transparente que respete los derechos de las víctimas y garantice la justicia.

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