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Alertan sobre empalamiento de indígena por negarse a revelar información de sus hijos
Grupos armados en Caldas intensifican la violencia en resguardos indígenas, exponiendo a comunidades vulnerables a graves violaciones de derechos humanos.
En un alarmante caso de violencia contra comunidades indígenas en Caldas, un hombre del resguardo San Lorenzo, en Riosucio, fue brutalmente empalado tras negarse a proporcionar información sobre sus hijos a siete hombres armados. Según la denuncia presentada por Andrés Felipe Lasso Ledesma, abogado de la ONG Colombia Visible, la agresión ocurrió el pasado sábado, 11 de enero, y evidencia el riesgo creciente de reclutamiento forzado en la región.
El ataque, perpetrado por integrantes de una organización delincuencial, ocurrió cuando los hombres llegaron a la vivienda de la víctima exigiendo datos sobre su familia. Por temor a que sus hijos fueran reclutados, el hombre negó tener descendientes, lo que desató la ira de los atacantes. Además de someterlo a tortura, los agresores destruyeron alimentos en su hogar.
Tras el ataque, la víctima fue trasladada al hospital San Juan de Dios y luego remitida a un centro médico en Manizales debido a la gravedad de sus heridas. El personero municipal, Daimer Moreno, confirmó el caso y anunció la realización de un consejo de seguridad para abordar la preocupante situación de los resguardos indígenas en la zona.
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La ONG Colombia Visible también denunció la creciente presencia de grupos armados ilegales en resguardos como Escopetera y Pirza, donde, en diciembre pasado, los habitantes fueron amenazados y obligados al desplazamiento. Esta situación incrementa el temor y la zozobra entre las comunidades indígenas, que ya enfrentan múltiples vulneraciones de derechos.
A pesar de las denuncias, la comandante de la Policía de Caldas, Liliana Jiménez, aseguró que no se reportan grupos armados en la región, pero que las investigaciones se han intensificado para esclarecer los hechos.
El denunciante, Andrés Felipe Lasso, también reveló haber recibido amenazas tras visibilizar este caso y denunció la falta de un esquema de seguridad adecuado desde enero de este año, tras el desmonte de su protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
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