Fiscalía inició investigación por compra de 40 carrotanques en La Guajira que costaron $46.800 millones y no se usan

La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación exhaustiva sobre la adquisición de 40 carrotanques en La Guajira, los cuales han permanecido estacionados sin suministrar ni una gota de agua, a pesar del pago de $46.800 millones por parte del Gobierno para beneficiar a las comunidades wayú y de La Guajira.

Este hecho ha levantado sospechas de posibles irregularidades en el proceso de licitación y pago de los vehículos, lo que ha llevado tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría General de la Nación a indagar sobre el estado y destino de los carrotanques.

La Procuraduría ordenó una inspección en los patios donde se encuentran los vehículos, con el fin de evaluar detalladamente la compra que representó un costo de $1.170 millones por cada unidad. Entre los aspectos a investigar se encuentran el número de carrotanques estacionados, la custodia de los mismos y el tiempo que llevan en dichas instalaciones.

A pesar de la afirmación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de que los carrotanques están siendo equipados con motobombas y mangueras para iniciar la distribución de agua esta semana, aún existen incertidumbres sobre la contratación de los conductores y el suministro de agua necesario para llenar los vehículos y abastecer a la comunidad.

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Los registros indican que cada vehículo tiene una capacidad de 16.000 litros, lo que implica que se necesitarían 640.000 litros de agua para cumplir con su propósito. La compra de los carrotanques se realizó bajo el decreto presidencial número 2113 de 2022, que declara estado de desastre nacional por 12 meses, lo que permitió un proceso de contratación extraordinario, sin embargo, esto también eximió a la empresa contratista y a la Ungrd de publicar la documentación correspondiente en el Secop.

La investigación periodística reveló posibles irregularidades en la empresa contratista Impoamericana Roger S.A.S., anteriormente conocida como Comercializadora Agrodomínguez S.A.S., que opera en el comercio mayorista de diversos productos. La ampliación de sus actividades comerciales, catalogadas como "n.c.p." en el Registro Único Empresarial, ha levantado dudas sobre su idoneidad para ejecutar el contrato.

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