Feminicidio de hermana de congresista Susana Boreal pone en la lupa a alcaldía de Medellín

Medellín, una ciudad donde la lucha contra la violencia de género parece ser una batalla cuesta arriba. Hoy, genera debate la insólita respuesta de la Alcaldía de Medellín sobre el caso de feminicidio de Claudia Gómez, hermana de la congresista antioqueña Susana Boreal. 

Un caso divulgado por El Espectador que pone de manifiesto la dura realidad que viven muchas mujeres en el país y cuestiona la efectividad de las medidas de protección existentes.

El incidente ocurrió en noviembre de 2017, cuando Gómez fue asesinada por su ex pareja y padre de sus once hijos, Andrés Felipe González. Este hecho ocurrió tan solo una semana después de que ella lo denunciara por maltrato en la Comisaría 12 de Medellín, un caso que, según la familia Gómez, la comisaría manejó con negligencia.

Una semana antes de su muerte, Claudia Gómez había presentado una denuncia formal por violencia doméstica en la Comisaría. Acompañada por una de sus hijas, reveló el abuso constante al que había sido sometida durante años, y alertó sobre las amenazas de muerte que había recibido de González. 

Esta denuncia, en lugar de desencadenar acciones efectivas para proteger a Gómez, terminó en una escena dramática cuando González irrumpió en la Comisaría, gritando y amenazando a la denunciante.

La respuesta de la Comisaría fue emitir una orden de alejamiento, la cual prohibía a González acercarse a menos de 200 metros de Gómez, ingresar a su casa, y le advertía que cualquier nueva agresión hacia su esposa conllevaría a un proceso penal. 

Sin embargo, siete días después de esta orden, González invadió la vivienda de Gómez en la madrugada y la asesinó disparándole cinco veces delante de sus hijos. 

El siguiente día, González se entregó a las autoridades y fue condenado a 33 años y cinco meses de prisión por feminicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

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La familia Gómez ha acusado a la Administración Distrital de Medellín de revictimizar a Claudia al responsabilizarla por su propia muerte. 

Según los testimonios de la familia, la Alcaldía no brindó a Claudia la seguridad necesaria tras la denuncia presentada en la Comisaría de Familia. Por ello, están exigiendo, ante una jueza administrativa, que el distrito asuma los perjuicios causados y garantice la calidad de vida de los hijos huérfanos menores de edad de Claudia.

Otros detalles enmarcan el caso. El desafortunado suceso ocurrido en la madrugada del 15 de noviembre de 2017, Claudia Gómez, madre de 11 hijos, fue asesinada por su esposo, Andrés Felipe González. 

Antes del trágico incidente, Gómez había informado a las autoridades en la Comisaría 12 de Medellín sobre el abuso y las amenazas mortales que sufría a manos de González. A pesar de haber obtenido una orden de alejamiento, el marido desobedeció la restricción, ingresó a su casa y la asesinó frente a sus hijos.

La familia de Gómez sostiene que el distrito de Medellín es parcialmente responsable de su muerte, ya que no garantizó su seguridad después de pedir ayuda. Exigen reparación por los daños causados, con la esperanza de asegurar una vida decente para los hijos menores de edad de Gómez.

La tragedia se profundiza aún más con las revelaciones de que la Comisaría 12 nunca notificó a la policía local sobre la amenaza inminente para la vida de Gómez. 

La comisaria, Isabel Cristina Escobar, afirmó que la falta de comunicación se debió a que los medios de transporte estaban ocupados transportando al personal de la comisaría a capacitaciones oficiales. 

Además, Escobar sugirió que la propia Gómez debería haber llevado la denuncia a la estación de policía, una afirmación que la familia de la víctima considera absurda y negligente.

El informe final del Alcalde Daniel Quintero argumenta que Gómez también tenía la responsabilidad de protegerse y apunta a una supuesta reunión con el asesino antes del feminicidio. Sin embargo, esta afirmación se basa en testimonios de las hijas adolescentes de Gómez, que según la familia están siendo utilizados de manera inapropiada.

El Alcalde Quintero señaló que, aunque firmó la respuesta, esta representa la posición de la administración anterior. A pesar de que la demanda fue admitida después de que asumió el cargo, Quintero insiste en que los eventos en cuestión ocurrieron bajo la administración de su predecesor, Federico Gutiérrez. 

Este caso lamentable pone de manifiesto las complicaciones y fallas del sistema de protección para las víctimas de violencia doméstica en Medellín.

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