Fedemunicipios solicita revisar nuevo decreto sobre porte de estupefacientes

La Federación Colombiana de Municipios, representante de los mandatarios locales, ha realizado una solicitud formal al Gobierno Nacional para revisar y modificar el decreto emitido el 7 de diciembre del presente año. 

Este decreto, que revoca una normativa previa establecida en 2018, ha generado inquietudes en cuanto a la regulación y control del consumo de sustancias estupefacientes en el país.

La principal preocupación de la Federación radica en la derogación del decreto 1844 de 2018, que reglamentaba aspectos del Código de Policía relacionados con la posesión y consumo de drogas.

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La normativa anterior otorgaba a la Policía Nacional facultades para intervenir en casos de infracción a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar sustancias ilícitas.

El ministerio de Justicia, bajo la dirección del ministro Néstor Osuna, ha enfatizado que la responsabilidad de asignar zonas para el consumo de estupefacientes recae en los alcaldes y gobernadores del país, en concordancia con los fallos de la Corte Constitucional. 

El decreto 2114 de 2023, recientemente expedido, busca eliminar la sanción administrativa para quienes porten una dosis personal de estupefacientes. Este cambio normativo ha suscitado un llamado por parte de la Federación para que el Gobierno clarifique sus intenciones y mantenga las medidas de prevención necesarias para proteger a las comunidades, especialmente a los niños y adolescentes.

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Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, ha expresado la necesidad de una modificación en el decreto para que los objetivos del Gobierno Nacional sean más explícitos y se evite cualquier interpretación que pueda favorecer el microtráfico en las calles del país. 

La Federación ha señalado la importancia de preservar las facultades de la Policía Nacional en el control y prevención del porte, tenencia, consumo y comercialización de estupefacientes.

En este contexto, el ministro Osuna ha reiterado que el propósito del decreto 2114 es alinearse con las sentencias de la Corte Constitucional sobre la dosis mínima, enfocando esfuerzos en combatir a los comercializadores de drogas y no a los consumidores de sustancias psicoactivas. 

La controversia en torno a este decreto y sus implicaciones sigue siendo un tema de debate en el panorama político y social de Colombia.

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