Estudio Fedesarrollo: violencia y crimen cuestan en Colombia $68 billones al año

Un informe desarrollado por el centro de estudios económicos Fedesarrollo, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), analiza los costos económicos del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe.

Según los hallazgos, el impacto económico directo de estos fenómenos en la región representó, en 2022, el 3,44 % del Producto Interno Bruto (PIB). En términos comparativos, esta cifra equivale al 78 % del presupuesto asignado a la educación y a más del doble de los recursos destinados a programas de asistencia social.

Para Colombia, los costos directos del crimen y la violencia fueron aún más significativos, alcanzando el 3,64 % del PIB en 2022, lo que corresponde a aproximadamente $68 billones anuales. Este impacto económico incluye diversas áreas, según lo expone el estudio, que identifica tres principales categorías de costos:

Costos en capital humano (0,88 % del PIB)

Este rubro considera la pérdida de productividad de las víctimas de homicidios y delitos no letales, así como las limitaciones económicas derivadas de la privación de libertad de los agresores.

Estas circunstancias disminuyen la capacidad del país para aprovechar plenamente su fuerza laboral, afectando su potencial productivo.

Costos para el sector público (1,0 % del PIB)

Se refiere a los recursos que el Estado destina al mantenimiento de la seguridad pública. Esto incluye los gastos en la policía, el sistema judicial y el sistema penitenciario.

Aunque estos recursos son indispensables para preservar el orden, también restringen la inversión en áreas prioritarias como la salud o la educación.

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Costos para el sector privado (1,76 % del PIB)

En esta categoría se agrupan los gastos que las empresas y negocios asumen para protegerse de la criminalidad. Esto abarca inversiones en vigilancia privada, sistemas de seguridad y pólizas de seguros, recursos que podrían haberse dirigido a la expansión y modernización empresarial.

El informe posiciona a Colombia en el octavo lugar entre los 22 países analizados de América Latina y el Caribe en términos de costos totales del crimen y la violencia como proporción del PIB.

Además, destaca que el país ocupa el séptimo lugar en costos relacionados con el capital humano, lo que enfatiza la necesidad de implementar políticas públicas más efectivas en materia de seguridad.

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, señaló que el impacto económico del crimen no solo limita el desarrollo del país, sino que también desvía recursos que podrían potenciar sectores clave.

“El crimen representa una pérdida significativa de capital humano y una carga económica que obstaculiza el crecimiento. Estos recursos podrían destinarse a fortalecer áreas fundamentales como la educación, la innovación o la infraestructura", afirmó Mejía.

El documento también subraya que el crimen y la violencia afectan negativamente a sectores como el turismo y el comercio, reducen la inversión y fomentan la migración.

Estos efectos indirectos, sumados a los costos directos, representan un obstáculo significativo para el desarrollo económico del país.

En respuesta a estos resultados, Mejía hizo un llamado a priorizar la prevención y a mejorar la administración de justicia en Colombia. Según él, estas acciones son esenciales para reducir los costos asociados al crimen, fortalecer la confianza ciudadana y estimular el dinamismo económico. Concluyó que una estrategia robusta y sostenida en seguridad podría liberar recursos valiosos para promover un crecimiento más acelerado y sostenible en el país.

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