Procuraduría solicita mantener licencia ambiental para la ampliación de la Avenida Boyacá

La Procuraduría General de la Nación ha solicitado al Consejo de Estado que rechace la medida cautelar interpuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para suspender provisionalmente la licencia ambiental de la ampliación de la Avenida Boyacá en Bogotá. Esta solicitud se basa en la falta de pruebas concluyentes que demuestren un riesgo grave e irreversible para el medio ambiente o la salud humana, tal como alega la demanda.

En su argumentación, la Procuraduría sostiene que la licencia ambiental es el mecanismo adecuado para asegurar el control, mitigación y compensación de cualquier impacto ambiental. Además, la licencia fue otorgada después de considerar la sustracción de una parte de la reserva Thomas Van der Hammen, lo que para el Ministerio Público demuestra que no se desconoció la existencia de la reserva, rebatiendo así las acusaciones del demandante.

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Otro de los puntos clave expuestos por la Procuraduría es que la obra en cuestión se trata de una ampliación y no de una construcción nueva, por lo que, según el Ministerio Público, no se requiere un diagnóstico ambiental de alternativas. Este tipo de obra permite el mejoramiento de la infraestructura existente sin necesidad de cumplir con los requisitos que demandaría un proyecto de construcción desde cero.

En cuanto a los estudios técnicos necesarios para evaluar la viabilidad ambiental del proyecto, la Procuraduría enfatiza que estos deben ser analizados dentro del marco del proceso judicial en curso, y que no constituyen una razón suficiente para justificar la suspensión de la licencia en esta etapa preliminar.

Esta solicitud se da en medio de un debate creciente sobre el desarrollo urbano de Bogotá y la preservación ambiental, especialmente en áreas de alta sensibilidad como la reserva Thomas Van der Hammen. La ampliación de la Avenida Boyacá, considerada un proyecto estratégico para mejorar la movilidad en la capital, ha suscitado posiciones encontradas sobre el equilibrio entre el desarrollo de infraestructura y la conservación de los recursos naturales. En este contexto, la Procuraduría aboga por permitir el avance del proyecto bajo los controles ambientales vigentes, en espera de una decisión definitiva en el proceso judicial.

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