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Este es el documento con el que el Gobierno autorizó traslados de cabecillas de la Segunda Marquetalia
Una circular del alto comisionado de paz solicitó al Ministerio de Defensa suspender operaciones militares y garantizar la seguridad de los líderes guerrilleros durante sus desplazamientos.
El Gobierno Nacional emitió un polémico documento que permite a los cabecillas de la Segunda Marquetalia, grupo disidente de las FARC, movilizarse libremente por el territorio colombiano. La autorización quedó registrada en una circular enviada por el alto comisionado de paz, Otty Patiño, al ministro de Defensa, Iván Velásquez, el pasado 28 de junio de 2024.
En el documento, se solicitó específicamente la suspensión de operaciones militares en las zonas por donde los delegados del grupo armado se desplazarían entre el 1 y el 3 de julio de 2024. Los traslados incluyeron rutas desde Caracas, Venezuela, donde participaron en una jornada de diálogo, hacia Bogotá, para luego dirigirse a Tumaco (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo).
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La circular también detalla que los guerrilleros involucrados cuentan con órdenes de captura suspendidas por la Fiscalía General de la Nación mediante resoluciones emitidas entre abril y mayo de 2024. Además, se solicitó al Ministerio de Defensa garantizar la seguridad de los delegados en aeropuertos clave como Bogotá, Tumaco y Puerto Asís, con el fin de "proteger" a los líderes retornados desde Venezuela.
Entre los nombres autorizados en el documento figuran alias el Zarco Aldinever, hombre cercano a Iván Márquez, y alias Walter Mendoza, quien participó en el Acuerdo de Paz de 2016, pero regresó a la lucha armada. Otros reconocidos integrantes incluyen José Aldínever Sierra Sabogal, Luis André Figueroa Marín, y Henry Quiñones Angulo, entre otros.
El alto comisionado justificó la solicitud como parte de los acuerdos en el marco de las conversaciones de paz, resaltando que estas medidas buscan generar condiciones para un proceso de diálogo efectivo. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Diversos sectores han cuestionado la decisión, señalándola como una concesión excesiva que pone en riesgo la seguridad nacional y podría generar impunidad.
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