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Ejecuciones extrajudiciales: Condenan a 32 años mototaxista que fue intermediario en dos ‘falsos positivos’
Los contactó con ofertas laborales inexistentes y luego fueron presentados como bajas en combate.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo condena de 32 años y 11 meses de prisión en contra de Jhon Jairo Larios Ruiz, alias Patilla, un mototaxista que contactó con falsas ofertas laborales a
dos hombres, que posteriormente fueron presentados por unidades militares como ‘bajas en combate’ en el bajo Cauca antioqueño.
Ante la contundencia de las pruebas aportadas, una juez penal del circuito de Sincelejo (Sucre) declaró al transportador responsable del delito de desaparición forzada agravada.
En ese sentido, además de cumplir la pena en centro carcelario, deberá pagar una multa equivalente a 2.755 salarios mínimos legales mensuales vigentes y reparar a cada una de las familias de las victimas con 100 millones de pesos.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró en juicio que alias Patilla convenció a dos ciudadanos de salir de sus lugares de residencia en
Sincelejo y aceptar un supuesto trabajo en una finca de Caucasia (Antioquia).
¿Cómo lo hicieron?
El 3 de abril de 2007, los dos hombres se despidieron de sus familiares y un día después fueron presentados por algunos integrantes del Gaula del Ejército Nacional, adscritos a Montería
(Córdoba), como muertos durante una operación táctica contra la extorsión realizada en la vereda Cuturú, en Caucasia.
En los reportes oficiales se indicó que estas personas pertenecían a una estructura criminal, usaban uniformes de uso exclusivo de las fuerzas militares y portaban tres fusiles AK-47, un
revólver calibre 32 y un radio de comunicaciones.
Algo que no correspondía a la verdad. En 2011, los cuerpos fueron encontrados y exhumados en el cementerio de Caucasia. Habían sido sepultados en condición de personas no identificadas.
El proceso en contra de Jhon Jairo Larios Ruiz se siguió en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).
Actualmente, el sentenciado permanece en la cárcel de Cómbita (Boyacá) por otros hechos delictivos. La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
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