Destituido músico de Pereira por abuso sexual infantil

La Procuraduría General de la Nación, en un fallo de segunda instancia que marca un hito en la lucha contra el abuso infantil en el ámbito cultural, ratificó la drástica sanción impuesta a Ricardo Díaz Largo, un músico que se desempeñaba en la reconocida Banda Sinfónica de Pereira. 

La decisión del ente de control confirma la destitución e inhabilidad general por un lapso de 15 años para ejercer cargos públicos, tras ser hallado responsable de ejercer violencia sexual y mantener comportamientos inapropiados contra niñas y adolescentes que eran sus alumnas.

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La exhaustiva investigación llevada a cabo por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda arrojó pruebas contundentes que no pudieron ser desvirtuadas por el disciplinado. Se determinó que al menos dos menores de edad, de 14 y 17 años, quienes se encontraban activas en procesos de formación académica dentro de la escuela de formación cultural adscrita a la Secretaría de Cultura, fueron víctimas directas de la conducta reprochable del entonces docente y director de la banda.

En un punto crucial de la investigación, el Ministerio Público validó la veracidad de las denuncias que inicialmente circularon a través de diversas plataformas de redes sociales. Estas acusaciones, que generaron una profunda indignación en la comunidad pereirana, detallaban cómo Díaz Largo invitaba a las jóvenes a su residencia personal. Una vez allí, aprovechándose de la superioridad inherente a su posición como educador y figura de autoridad dentro de la banda, incurría en comportamientos que transgredían la integridad y la seguridad de las menores.

La gravedad de los hechos probados, el profundo daño social ocasionado a las víctimas y a la comunidad en general, la flagrante afectación de derechos fundamentales de las menores, y la plena conciencia que tenía Díaz Largo sobre la ilicitud de sus actos, llevaron a la Procuraduría a calificar de manera definitiva la falta cometida como gravísima y ejecutada a título de dolo. Esta calificación subraya la intencionalidad y la magnitud del daño causado por el músico.

La decisión de la Procuraduría General de la Nación no admite ningún tipo de recurso, lo que consolida la firmeza del fallo y envía un mensaje contundente a la sociedad sobre la intolerancia frente a este tipo de conductas, especialmente cuando provienen de personas que tienen la responsabilidad de formar y proteger a niños y adolescentes. 

Este caso resalta la importancia de la vigilancia y la denuncia en los entornos educativos y culturales, donde la confianza y el respeto deben ser pilares fundamentales.

La ratificación de esta sanción busca, además de castigar al responsable, ofrecer una reparación simbólica a las víctimas y reafirmar el compromiso de las instituciones con la protección de la infancia y la adolescencia frente a cualquier forma de violencia y abuso.

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