Corte Suprema se pronuncia ante proyecto de crear una sala anticorrupción

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia rechazó tajantemente la propuesta de crear una sala anticorrupción en ese Alto Tribunal.

El proyecto presentado por la Fundación Pares busca que en los próximos años una sala anticorrupción compuesta por más de 25 magistrados investigue este tipo de delitos. Además, la iniciativa incorporaría la presentación de una ley estatutaria en el Congreso que defina el marco jurídico para reforma la Constitución en la creación de la sala transitoria.

Frente a lo expuesto, la Corte Suprema "se opone a cualquier tentativa de modificación de las instituciones nacionales que ponga en peligro las reglas de la democracia que durante más de 120 años ha defendido hasta con el sacrificio de sus propios magistrados".

"En cabeza de jueces y fiscales, con el valioso aporte del Ministerio Público, la Rama Judicial ha actuado contra organizaciones criminales, permanentes u ocasionales, y delincuencias unitarias que han defraudado los bienes públicos", añadió el Alto Tribunal.

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Y finalizó diciendo "A miles de actores de los más diversos delitos se les ha atribuido responsabilidad penal o disciplinaria con el uso de herramientas jurídicas que han logrado la recuperación de dineros públicos y la reparación de los daños".

Este pronunciamiento se une al expuesto por el ministro de Justicia, Nestor Osuna, quien afirmó que la lucha contra la corrupción está en el núcleo de las preocupaciones del Gobierno Nacional.

"Estamos conscientes de que en esta materia hay enormes desafíos y urgencia de actuar, pero la adición de una sala a la Corte Suprema no parece una buena medida en ese sentido. La lucha contra la corrupción nos debe llevar a fortalecer las instituciones judiciales existentes y a dotarlas de herramientas más eficaces, que les permitan resolver más casos de corrupción con severidad y prontitud", manifestó Osuna.

Advierte además que la creación de esa sala anticorrupción acarrearía el riesgo de desarticular "su funcionamiento, enredar los procedimientos y garantías vigente y debilitar las investigaciones y procesos en curso".

Y hubo un tercer pronunciamiento sobre el tema. Lo hizo el fiscal general, Francisco Barbosa; asegurando que la creación de la sala no tiene una justificación válida y lo que hace es irrespetar el trabajo de las autoridades judiciales colombiana.

Calificó el hecho como "una puñalada a la justicia", debido a que involucra a terceros para que intervengan en asuntos internos y den su opinión sobre hechos que no les compete.

Finalmente la Corte Suprema expuso que cualquier modificación legal que dignifique al servidor judicial es bienvenida mientras no "avasalle la tradición jurídica nacional".

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