Conminan a UNP para que no brinde más carros blindados y escoltas por favores políticos

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al Ministerio del Interior que determine medidas de protección con enfoques étnico, de género, territorial y diferencial en los esquemas de seguridad para población víctima del conflicto que se desempeña como defensora de derechos humanos o en liderazgo social.

El llamado lo hace teniendo en cuenta los más recientes hechos violentos que han dejado como saldo líderes asesinados, personas que contaban con esquemas de seguridad y no fueron suficientes para salvaguardar sus vidas.

Un hecho lamentable, rechazado por la Defensoría, fue lo ocurrido con Ludivia Galindez Jiménez en Florencia (Caquetá) a finales de febrero pasado, a quien ultimaron dentro de su casa; el ataque armado, que además dejó herido a su hijo, sucedió cuando ya no estaba disponible el esquema de protección en su lugar de residencia.

“En el acompañamiento que hacemos en los territorios, a través del equipo de profesionales de nuestra Delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, recibimos constantemente solicitudes de lideresas y líderes sociales víctimas que tienen dificultades con sus medidas de protección”, aseguró el Defensor del Pueblo.

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Las medidas deben tener una perspectiva diferencial y territorial, es el caso de los liderazgos indígenas, que solicitan personal de protección con enfoque étnico, ya que solo ellos tienen ingreso a algunos territorios, como en zonas de difícil acceso del sur del país.

“Queremos reiterarle nuestro llamado a las entidades responsables en materia de protección: garanticen medidas eficaces e integrales en protección individual y colectiva, conforme a los estándares internacionales, como parte del reconocimiento que debemos hacerle a la labor de quienes luchan por los derechos de las comunidades”, llamó Carlos Camargo Assis.

Las denuncias por fallas mecánicas

Otras denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo están relacionadas con las dificultades mecánicas de los vehículos asignados a sus esquemas de protección, puesto que algunos se varan en los trayectos y otros no son aptos para los territorios donde hacen su trabajo.

También hay demoras en la entrega de los vehículos cuando están en mantenimiento, adicionalmente ha habido problemas con la entrega de vehículos sin el dispositivo activo para la dispensación del combustible, motivos por los cuales las víctimas han tenido que acudir a acciones de tutela, muchas coadyuvadas por la entidad nacional garante de los derechos humanos, para que sus derechos a la vida y seguridad no sean violentados.

El llamado a los entes territoriales

Las entidades territoriales, como llamado adicional del Defensor del Pueblo, “deben incorporar en sus planes de desarrollo acciones de prevención de riesgos contra la vida, libertad y seguridad con enfoque diferencial, garantizándoles atención a las víctimas del conflicto amenazadas y a personas defensoras de derechos humanos”.

Reforma a la Ley de Víctimas

“Nuestro proyecto de reforma a la Ley 1448 de 2011, ahora en Comisión Primera de la Cámara de Representantes, tiene intereses convergentes, ya que se evidencia en los distintos proyectos radicados por los congresistas con la misma finalidad: modificar esta ley, lo cual deja claro la necesidad de garantizar los derechos, como a la vida, integridad y seguridad, de quienes han sido víctimas del conflicto”, afirmó el Defensor del Pueblo.

Tal convergencia es el resultado de un trabajo comprometido y participativo, pensado en clave de derechos humanos, el cual ha sido discutido con las víctimas e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv) y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

El proyecto ha sido nutrido y fortalecido por las proposiciones planteadas y aprobadas en los anteriores dos debates desarrollados tanto en la Comisión Primera como en la Plenaria del Senado, y en una audiencia pública en la que fue recogido el sentir de las entidades estatales y, particularmente, de las víctimas.

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