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Catatumbo: la adevertencia de violencia inminente que fue advertida y no atendida
La Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas en 2024 sobre el riesgo creciente en la región. Hoy, los desplazamientos y asesinatos confirman sus advertencias.
La región del Catatumbo, en Norte de Santander, vive una crisis humanitaria marcada por desplazamientos masivos, asesinatos y enfrentamientos armados entre grupos ilegales. Una tragedia que fue anticipada por la Defensoría del Pueblo, pero cuyas alertas no fueron atendidas a tiempo.
El 15 de noviembre de 2024, la Defensoría emitió la Alerta Temprana de Inminencia N°026-2024, advirtiendo sobre una escalada de violencia en municipios como Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, Ábrego, y La Playa de Belén, en Norte de Santander, además de Río de Oro y González, en el Cesar. El documento advertía que la confrontación entre el ELN, las disidencias de las FARC del Frente 33, y el EPL (Los Pelusos) representaba un riesgo directo para la población civil.
Los hechos vaticinados se han materializado. Según la Gobernación de Norte de Santander, el conflicto ha dejado al menos 30 muertos, decenas de secuestrados y cientos de desplazados. Aunque las cifras varían, la Defensoría confirmó al menos 20 asesinatos.
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Un riesgo anunciado y desatendido
La alerta de noviembre señaló que, sin intervención estatal inmediata, las consecuencias serían catastróficas. Según la Defensoría, tres factores alimentaban la crisis:
- El cese al fuego entre el ELN y el Gobierno: La guerrilla utilizó este periodo para reorganizarse y planear ataques más agresivos, incluyendo retenes ilegales y atentados contra civiles.
- Disputa territorial: Tras la fragmentación del EPL, el ELN buscó consolidar el control territorial, lo que dejó a la población atrapada en el fuego cruzado.
- Expansión de las disidencias: Las disidencias de las FARC aprovecharon el vacío dejado por el Acuerdo de Paz de 2016 para ocupar nuevos territorios y aumentar su poder militar.
El informe también advertía sobre asesinatos selectivos, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores. Además, subrayó el riesgo para líderes sociales, campesinos y docentes.
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