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Allanan casa de María Alejandra Benavides, asistente de ministro Ricardo Bonilla implicada en caso UNGRD
Se busca evidencia de contratos entregados por $92.000 millones.
El proceso de investigación en torno al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el cual se encuentran implicados varios congresistas, sigue avanzando.
La Corte Suprema de Justicia, como parte de este proceso, ordenó un allanamiento en la residencia de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
La diligencia fue ejecutada por miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y la Policía, bajo la supervisión del magistrado Misael Fernando Rodríguez, quien preside la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
La orden de allanamiento fue emitida con el fin de recopilar evidencia relacionada con presuntos actos de corrupción vinculados a la entrega de contratos por $92.000 millones de pesos.
Estos contratos habrían sido adjudicados a determinados congresistas de la Comisión de Crédito Público, en un supuesto acuerdo para facilitar la aprobación de préstamos internacionales requeridos por el Gobierno.
La investigación señala a Benavides como una de las personas encargadas de vigilar la adjudicación de dichos contratos.
El operativo se llevó a cabo en una casa ubicada en el norte de Bogotá, propiedad de la madre de Benavides. En el momento del allanamiento, además de la exasesora, se encontraban en el lugar su madre y su tía.
Los funcionarios que participaron en la diligencia incautaron diversos objetos que podrían ser utilizados como pruebas dentro de la investigación, entre ellos documentos y equipos electrónicos.
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Según testigos, algunos de los agentes involucrados en el operativo portaban armas de largo alcance, lo que causó sorpresa debido a que las únicas personas presentes eran la exasesora y dos mujeres mayores de edad.
El magistrado Rodríguez negó tanto su participación directa en el allanamiento como el uso de armamento por parte de los funcionarios. Sin embargo, fuentes cercanas al magistrado señalaron que su presencia en este tipo de diligencias es común debido a su experiencia previa como investigador del CTI, donde adquirió amplio conocimiento sobre procedimientos judiciales y recuperación de pruebas.
Pocos días después del allanamiento, tanto María Alejandra Benavides como su madre, su tía y su abogado recibieron amenazas a través de un mensaje de WhatsApp.
En el mensaje, se advertía sobre los riesgos de brindar declaraciones o convertirse en testigos en el caso. A raíz de estas amenazas, el abogado de Benavides, Jaime Andrés López, presentó una denuncia ante la Fiscalía, solicitando medidas de protección para su clienta y sus familiares.
El proceso judicial continúa, y la figura de María Alejandra Benavides es clave en el desarrollo de los hechos. Aunque se ha acogido al derecho a guardar silencio, la posibilidad de que coopere con la justicia no ha sido descartada.
Las autoridades siguen investigando si ella tuvo conocimiento de que los contratos que supervisaba formaban parte de un esquema de corrupción o si actuó bajo órdenes específicas.
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