Advierten millonario negociado con acueducto de Riohacha

La Procuraduría General de la Nación lanzó una fuerte advertencia al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, tras identificar que se siguen presentando las alertas generadas a finales del 2022 con relación a la suspensión inmediata de la licitación con la cual se espera adjudicar el contrato de acueducto, alcantarillado y servicio de aseo en la capital de la Guajira. 

Tras sostener una mesa técnica con la administración distrital y las entidades responsables del tema, en enero pasado, el Ministerio Público, indicó en un comunicado firmada por los procuradores delegados para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Gestión y la Gobernanza Territorial, Asuntos Étnicos, que aún existen riesgos.

“Insistimos en que la principal preocupación concierne a que las disposiciones del pliego y su anexo técnico no aseguran el cumplimiento de las metas de cobertura, continuidad y calidad de la prestación del servicio de agua y alcantarillado del distrito de Riohacha”, sostuvieron por medio del documento. 

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Cabe mencionar que uno de los riesgos que preocupa a la Procuraduría, es el estado del proyecto de expansión de redes de alcantarillado en la Comuna 10 de Riohacha, que cuenta con más de 100 barrios y más de 5.000 personas.

De hecho, el alcalde no informó sobre una sanción impuesta a la administración municipal por el Departamento Nacional de Planeación que generó multas y desaprobación del proyecto.

“Este hecho se traduce en un riesgo ostensible para la culminación del proyecto, (…) es necesario que la alcaldía de Riohacha examine con todo el rigor la situación actual de la comuna 10, adopte las decisiones que sean necesarias frente a la responsabilidad que les asiste con ocasión del referido proyecto y evalúe la incidencia que pueda tener frente al proceso de licitación 008 de 2022”, añade  la carta. 

De igual manera, la Procuraduría advirtió sobre la omisión del proyecto a las comunidades Wayuu ubicadas en zonas urbanas y rurales del municipio. 

“La administración distrital debió identificar la situación actual del servicio de acueducto y alcantarillado, incluyendo la vulnerabilidad y el riesgo de la infraestructura, la prestación y el acceso; así como las estrategias encaminadas a suplir las necesidades evidenciadas antes de definir las metas a cumplir y las inversiones a realizar” sostuvo la entidad.

Para finalizar, la Procuraduría alertó sobre la falta de adecuación entre los trámites contractuales y las disposiciones legales. ““Hemos advertido actuaciones del Distrito de Riohacha que podrían derivar en un vicio de nulidad del proceso de selección (…) nunca pudo aclarar, por medio de las respuestas absueltas durante el proceso de selección ni en las mesas técnicas”, puntualizó la entidad.

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