Gobierno presenta el borrador de la reforma de servicios públicos

El Gobierno nacional presentó este lunes el borrador del proyecto de ley que busca reformar las leyes 142 y 143 de 1994, que regulan los servicios públicos domiciliarios de electricidad, acueducto, aseo, alcantarillado y gas natural. El proyecto, que será radicado en el Congreso en marzo, plantea varios cambios en la regulación, el control, el régimen tarifario y el acceso a estos servicios.

Entre los puntos más polémicos del borrador se encuentra el que le otorga al Presidente de la República la facultad de regular directamente los servicios públicos, sin necesidad de delegarla en las comisiones de regulación. Según el Gobierno, esta medida busca agilizar la toma de decisiones y garantizar la política pública del Ejecutivo.

Otro aspecto que ha generado controversia es el que establece la creación de un mínimo vital para acueducto, energía eléctrica y gas natural, que consiste en un subsidio del 100% para los usuarios de los estratos 1 y 2, y del 50% para los del estrato 3. Según el Gobierno, esta medida busca garantizar el derecho al acceso a los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los más pobres.

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El borrador también propone fortalecer la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, aumentando sus facultades sancionatorias y de intervención, y crear comunidades energéticas, que son agrupaciones de usuarios que pueden generar, consumir, almacenar y vender energía renovable.

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, señaló que el proyecto de reforma a los servicios públicos responde a la necesidad de modernizar y adaptar el marco normativo a los nuevos desafíos y oportunidades del sector, como la transición energética, la reactivación económica y la inclusión social.

El proyecto ha sido criticado por varios sectores políticos y empresariales, que lo consideran una amenaza para la autonomía, la eficiencia y la competencia del sector de servicios públicos. También han expresado su preocupación por el impacto fiscal que tendría la implementación del mínimo vital y por la posible injerencia política en la regulación.

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