En vilo 57 proyectos de infraestructura por cambios en el presupuesto nacional

La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) ha emitido un comunicado oficial en el que expresa su profunda preocupación ante la reciente decisión del Gobierno de implementar un decreto que establece la liquidación del presupuesto para el año 2024. 

Este decreto, según la CCI, pone en riesgo la continuidad y la ejecución de 57 proyectos de infraestructura críticos, los cuales han sido categorizados como de importancia estratégica para el desarrollo nacional. 

Entre estos proyectos se encuentran obras de gran envergadura y necesidad pública como la variante San Francisco-Mocoa, la conexión vial entre Popayán e Isnos, así como la infraestructura para la Primera Línea del Metro de Bogotá, la operación del Túnel de La Línea, y la doble calzada Pasto-Popayán, entre otros.

La CCI argumenta que el no cumplir con los compromisos financieros establecidos, especialmente aquellos relacionados con las vigencias futuras, podría tener consecuencias negativas significativas sobre la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas, elementos que han sido pilares fundamentales para el desarrollo de proyectos de infraestructura en Colombia durante las últimas tres décadas.

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La entidad enfatiza que esta situación no solo afecta la viabilidad de los proyectos en cuestión, sino que también impacta negativamente en la generación de empleo, afectando a miles de trabajadores directa e indirectamente.

En detalle, la CCI señala que el presupuesto general de la nación aprobado ascendía a $502 billones, de los cuales $16,7 billones estaban destinados al sector de transporte. 

De esta asignación, $13,6 billones se habían destinado específicamente a la inversión en proyectos concesionados y de obra pública.

Sin embargo, en el decreto de liquidación de presupuesto del año 2024 se omitió la asignación de $12,5 billones necesarios para asegurar los recursos de inversión de los proyectos gestionados por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), lo que ha generado una paralización en las operaciones de estas entidades y, por ende, en la ejecución de las obras a su cargo.

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Adicionalmente, la CCI expresa su alarma ante declaraciones recientes del ministro de Hacienda, las cuales sugieren que el pago de las vigencias futuras podría no realizarse conforme a los contratos establecidos, sino en función de decisiones discrecionales relacionadas con el progreso físico de los proyectos. 

Esto, según la CCI, desvirtúa la finalidad de las vigencias futuras como mecanismo de financiación destinado a garantizar los recursos necesarios para la realización de obras de infraestructura, independientemente del ritmo de ejecución de las mismas.

La situación descrita ha llevado ya a consecuencias tangibles, como la suspensión de contratos con 2.600 microempresarios y la paralización de procesos licitatorios, debido a la imposibilidad de ratificar las vigencias futuras previamente aprobadas. 

Esto, junto con la falta de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para el Invías, amenaza con interrumpir el tránsito por corredores viales esenciales, incluyendo el potencial cierre del túnel de La Línea.

La CCI concluye su comunicado con un llamado a reconsiderar la expedición del Decreto de Liquidación del Presupuesto, advirtiendo que la no corrección de esta situación podría degenerar los rigurosos procesos de interventoría de los proyectos, afectando severamente la calidad y la seguridad de las obras de infraestructura en el país.

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