Electrificadora del Huila: Cargos tras adquisición de bienes y servicios por más de $200.000 millones

La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliegos de cargos contra la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P; Elextrohuila por la presunta afectación de la libre competencia en al menos 55 procesos para la adquisición de bienes y servicios que superan los $ 200 mil millones de pesos.

Se trata de una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios cuyos procesos de contratación no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino a su propio manual de contratación; sin embargo, está obligada a aplicar los principios de la función administrativa y, en particular, los de selección objetiva y la libre competencia económica, aseguró la SIC en un comunicado.

El organismo de control encontró que la empresa  introdujo dos reglas que resultarían anticompetitivas en al menos 55 procesos de selección, cuyo presupuesto total asciende a más de $ 200 mil millones de pesos. 

La primera regla consistió en imponer un cobro no reembolsable a los potenciales proponentes por el derecho a participar en los procesos de selección. 

La segunda regla prohibía que los proponentes participaran en los procesos mediante figuras plurales como consorcios o uniones temporales.

Estas dos disposiciones habrían restringido la libre competencia económica en las convocatorias públicas adelantadas por Electrohuila, porque impidieron que los proponentes que no estuvieran dispuestos a hacer el pago de la tarifa participaran en los procesos de selección al margen de que tuvieran las condiciones para hacer ofertas favorables.

Del otro, porque los consorcios y las uniones temporales son figuras legales establecidas con el propósito de permitir que nuevos oferentes puedan participar en procesos de selección para hacer mejores ofertas en beneficio de las entidades contratantes.

La Superindustria analizó 55 procesos de selección y encontró que en los estudios previos la electrificadora identificó la existencia de un número plural de proponentes potenciales, pero en la mayoría de los casos el proponente que decidía participar no enfrentaba competencia.

En sus cargos la SIC recordó que esta es una conducta perjudicial para los consumidores, porque lo que se busca al promover este tipo de procesos de selección es contar con la participación del mayor número de proponentes para obtener las mejores condiciones de contratación posibles. 

La imposición de reglas anticompetitivas impide que se obtengan las mejores ofertas posibles y, en consecuencia, esa ineficiencia terminaría trasladándose a los consumidores en la forma de un servicio de menor calidad o unos precios más elevados.

Contra la formulación de este pliego de cargo no procede ningún recurso. En el evento que se compruebe la realización de la conducta mencionada, la SIC podrá imponer multas de $116.000 millones.

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