Gobierno radica proyecto de ley que reforma las universidades del país

Uno de los proyectos legislativos más significativos que el Congreso de la República enfrentará este semestre es la esperada reforma a la Ley 30 de educación superior. El Ministerio de Educación ha presentado recientemente un borrador inicial de la propuesta de reforma, que pretende un cambio radical en el panorama de la educación superior en el país.

De acuerdo con las estimaciones preliminares del MinEducación, se espera que la implementación de estas reformas tenga un impacto fiscal de $6,8 billones durante el periodo 2024-2026. 

Se prevé que los costos se distribuirán de la siguiente manera: $1,14 billones en 2024, $2,15 billones en 2025 y $3,46 billones en 2026. Este incremento en el gasto estaría respaldado por los mayores ingresos generados por la reforma tributaria aprobada el año anterior.

Mirando a largo plazo, en una escala de una década, los cálculos del MinEducación indican que el impacto fiscal total de la reforma ascendería a aproximadamente $33 billones. La reforma propuesta busca especialmente rediseñar el esquema de transferencias a las Instituciones de Educación Superior (IES) estatales y oficiales.

La propuesta de reforma incluye cambios significativos a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Para el artículo 86, se propone un cambio en la forma en que se calculan los aportes del Presupuesto General de la Nación (PGN) a las universidades estatales y oficiales. 

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En lugar de basarse en el presupuesto asignado a cada universidad el año anterior, el aporte se ajustaría anualmente con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), publicado por el Dane.

Los cambios propuestos al artículo 86 implicarán un costo de $617.017 millones en 2024, $1,52 billones en 2025 y $2,75 billones en 2026, según los cálculos del Ministerio.

"El cambio propuesto es significativo, ya que la financiación de las universidades públicas ya no se ajustará con base en el IPC, sino utilizando el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices)", comentó Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, a La República.

Además, se propone una revisión del artículo 87 para aumentar los aportes gubernamentales a las universidades nacionales, departamentales y municipales en hasta un 50% del incremento real anual del PIB, en lugar del 30% actual.

La reforma también contempla un mecanismo estructural de financiación para las Instituciones de Educación Superior Técnicas, Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas (Ittu). Este cambio implicará la creación de un nuevo artículo que incluirá recursos del PGN equivalentes al 0,02% del PIB del año anterior a la entrada en vigor de la ley, con el fin de construir la base presupuestal de las Ittu.

Aurora Vergara, la ministra de Educación, ha reiterado que el objetivo principal de la reforma es permitir un mayor acceso a la educación superior en todos los territorios del país. 

Además, la propuesta busca también armonizar la educación superior con los conocimientos ancestrales, y enfatizar que la educación superior es un derecho fundamental.

"La reforma es un paso importante hacia la creación de universidades propias en los territorios, que podrían tener un carácter especial y establecer sus propios requisitos de admisión y sus propios exámenes", dijo Andrés Mora Cortés, profesor de la Universidad Javeriana.

El borrador de la reforma también propone reconocer la identidad de género en la titulación de las IES, reafirmando su compromiso con la inclusión y la diversidad.
 

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