La Fiscalía General de la Nación le entregó un documento de 35 paginas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Un informe sobre las investigaciones desplegadas por la entidad de las muertes, desaparecidos, capturas, estructuras crimínales, violencia sexual y los bloqueos que han tenido en jaque al país durante 42 días durante el Paro Nacional del 28 de abril al pasado 6 de junio.
El ente acusador inicia su informe advirtiendo que no criminaliza la protesta ni estigmatiza a quienes participan en ella pues asegura que su función es la de judicializar, “a los que aprovechan su desarrollo para cometer delitos”.
Uno de los puntos que resaltó la entidad es el cómo los fiscales investigan los hechos que pueden constituir delitos en el marco del Paro Nacional. El fiscal de caso, supuestamente debe diferenciar los actos propios de la protesta pacifica, los actos que constituyen excesos en el ejercicio del derecho a la protesta y los actos delictivos con relación a esta.
Asegura la Fiscalía que los primeros, es decir, los propios de la protesta no son objeto de sanción penal y que cualquier denuncia al respecto debe ser inadmitida y la investigación debe ser archivada o precluida por no ser un delito.
Los actos que reconoce el organismo acusador como propios del derecho a la protesta pacífica son las concentraciones pacíficas en espacios públicos, las molestias e incomodidades que causen, las acciones de mínima lesividad y las expresiones verbales.
Así mismo, definió los actos de presuntos excesos en el ejercicio del derecho a la protestas como aquellos que ponen en peligro o lesionan la integridad física de las personas o dañan gravemente los bienes públicos. Es decir, en este punto estarían los delitos de violencia contra servidor público, obstrucción de vías, perturbación en servicio público, daño en bien ajeno y asonada.
Como tercera categoría, la Fiscalía relacionó aquellos actos delictivos con una relación eventual con la protesta. Bajo este esquema se investigan delitos como homicidio, tentativa, violencia sexual, detención arbitraria, abuso de autoridad, hurto, terrorismo, entre otros.
Uno de los puntos controversiales y que explicaría porque las cifras de la entidad y de ONG no coinciden es el de las muertes durante el Paro Nacional.
La entidad le aseguró a la CIDH que utiliza dos tipos de fuente de información una interna y otra externa y que está se articula con el CTI, Policia Nacional y las direcciones secciónales donde han ocurrido. Indica que para establecer el nexo entre los homicidios y las manifestaciones la Fiscalía estableció cuatro criterios.
El primero es la característica del territorio donde ocurrió la muerte. Luego se analiza el perfil de la víctima, del victimario y la hipótesis inicial, según la cual el homicidio pudo tener relación con el “marco circunstancial de las manifestaciones”.
En otras palabras, se analiza si en el lugar de los hechos se realizaba o no una manifestación, si ésta desencadenó alguna reacción violenta y si hubo confrontación con la Fuerza Pública. También se analiza el arma empleada y si existen señalamientos directos frente a quien o quienes son los autores del homicidio y si estos son integrantes de la Fuerza Pública.
Con estos criterios la Fiscalía estableció que entre el 28 de abril y el 5 de junio ocurrieron 51 homicidios en el país, 21 de estos en el marco de la protestas. Uno en Bogota, once en Cali, uno en Cauca, 3 en Cundinamarca, 4 en el Valle del Cauca y uno en el Tolima. En proceso de verificación aún hay once; de estos ocho en Cali, dos en Risaralda y uno en Putumayo.
El ente acusador se reafirmó en que 19 homicidios ocurrieron durante la jornada del Paro Nacional pero no en el marco o con ocasión de la protesta. Dos en Bogota, uno en Cauca, siete en Cali, uno en Huila, uno en Medellín, dos en Norte de Santander, dos en Risaralda y tres en el Valle del Cauca.
Según este reporte oficial, el 28 de abril ocurrieron dos homicidios en Cali el de M.A un menor de edad y Cristian Alexis Moncayo Machado. Al día siguiente fue el asesinato del capitán de la Sijin en Soacha, Jesús Alberto Solano Beltran. Ese mismo día en Cali murió Miguel Àngel Pinto Mona.
A su vez, el 30 de abril murieron dos personas más en Cali durante la jornada de protestas, Heiner Alexander Lasso Chara y Edwin Villa Escobar.
El Día del Trabajo, el primero de mayo fue el más violento de las marchas. Cinco homicidios con relación directa con las protestas. Santiago Andrés Murillo Meneses en Ibagué, Brayan Fernando Niño Araque y Elvis Alfredo Vivas López en Madrid, Cundinamarca, Daniel Alejandro Zapata en Bogota, Yinson Andres Angúlo Rodriguez en Cali.
El 3 de mayo murió Joan Nicolás García Guerrero en Cali y el 14 fue asesinado Joan Sebastián Munera Quintero en Popayán.
Tres días despues, el 17 y luego el 22 de mayo fueron dos dias violentos en el occidente del país. La Fiscalía investiga el homicidio de cinco personas; tres en Yumbo y dos en Cali. Se trata de Michael Vargas López, José Mauricio Velasco Orozco, Jhon Alexander Yotengo, Jhon Erik Seir Larraondo y el policia Juan Sebastián Briñez.
El informe detalla que entre el 25 y el 28 de mayo murieron tres personas. Camilo Arango Garcia en Tuluá, Michael Aranda Pérez en Cali y Fredy Bermudez un funcionario del CTI también en esta última ciudad.
Sin embargo, sólo cuatro homicidios se han esclarecido. El primero es el del capitán de la Policía asesinado en Soacha. Fueron capturados e imputados por el delito de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego Jesús Antonio Castillo alias El Enano y los hermanos Juan Sebastian y Maicao Steven Vélez Mesa.
Hace pocas horas fue resueltó otro homicidio el de Brayan Fernando Niño Araque. El mayor de la policía Carlos Arenas Niño se entregó a las autoridades y actualmente se define la competencia de la justicia penal militar o la justicia ordinaria.
También fue capturado en Cali un uniformado como presunto responsable del homicidio del menor M.A.I y en el caso de Santiago Murillo Meneses en Ibagué fueron vinculados dos oficiales de la Policía.
Frente a los casos de desaparición forzada, la Fiscalía asegura que sólo existen tres denuncias por este delito en el marco de la protesta que estos están en etapa de indagación.
Los hechos ocurrieron el 2 y el 20 de mayo en el departamento de Antioquia y el Valle del Cauca. Las víctimas son hombres y en el relato de los hechos se advierte que dos de ellos fueron retenidos en vía pública.
Uno de los temas más controvertidos es el del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Un equipo de 700 investigadores con la orientación de la vicefiscal general están al frente de una de las cifras más preocupantes del Paro Nacional.
Al 6 de junio, según la entidad, se reportaron 328 personas como ubicadas y continúan tras la pista de 91 casos. Sin embargo, varias ONG le aseguraron a la CIDH que 346 personas fueron reportadas como desaparecidas.
Con respecto a las personas capturadas, la entidad informó que del 28 de abril al 6 de junio se capturaron 1136 personas, de las cuales 224 se les hizo imputación de cargos y 921 han sido puestas en libertad.
A pesar de las denuncias y los videos que han circulado en 42 dias de marchas y concentraciones que evidencian civiles armados ante una presunta omisión de las autoridades, el ente acusador abordó el tema sin cifras y aseguró que de estas investigaciones está a cargo la Delegada de Seguridad Ciudadana.
En este tema, la entidad no relacionó el caso de Andrés Escobar un civil que aparece en varios videos disparando un arma en el sector de Ciudad Jardín, el pasado 28 de mayo en Cali. Aunque el ente acusador le había manifestado a los medios que había citado a indagatoria a Escobar, su caso no fue documentado para la CIDH.
En otro aparte del informe, la Fiscalía evidenció la participación de organizaciones criminales que han infiltrado el Paro Nacional mediante tres líneas de acción. Direccionamiento de actos violentos contra funcionarios e instalaciones públicas, financiamiento y logística.
Los fiscales advirtieron contar con interceptaciones, declaraciones, e incautación de documentos, explosivos, dinero, armas y municiones que involucran directamente al grupo armado organizado residual denominado Segunda Marquetalia.
En concreto, el pasado 25 de mayo se capturaron siete integrantes de dicha organizacion. Pero no ha sido la única involucrada en el paro, también el frente José María Becerra del ELN que lidera las milicias urbanas. Incluso, a comienzos de mayo se capturó en flagrancia a Jorge Luis Lerma Castro a quien se le imputó concierto para delinquir, fábrica, tráfico y porte de armas de fuego y uso de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas
Además se identificaron las disidencias de las Farc, el grupo Dagoberto Ramos y la estructura Franco Benavides. Estas agrupaciones delictivas estarían detrás de los hechos violentos en Nariño, Cauca y Valle del Cauca.
La temática de la violencia sexual durante el Paro Nacional reviste una gran preocupación. En total 14 mujeres han sido victimas de este delito, 13 civiles y una policía.
Un proceso emblemático que tiene a punto de formulación de imputación de este delito a un integrante del Esmad fue el ocurrido en contra de una menor de 17 años en Popayan, luego de realizar entrevistas, revisar videos y extracción de información de aparatos electrónicos manipulados por la menor se estableció lo ocurrido.
Otro de los hechos que tiene en jaque al país es el vandalismo y los bloqueos. El ente acusador le informó a la CIDH que 38 peajes han sido afectados y se han obstruido vías con 18 vehículos, 95 barricadas y 213 personas han impedido la circulación. De esto hay más de diez noticias crimínales abiertas.
Las misiones médicas aparecen dentro del grupo de afectados. Nueve fueron víctimas de bloqueos que derivaron en el hurto de combustible y la muerte de un bebé a la altura de Tocancipá en Cundinamarca. Además, diez fueron directamente atacadas, hubo una retención de personal médico que fue usado como escudo por los manifestante. En estos hechos hubo un médico lesionado y un hospital vandalizado.
El informe concluye que el fiscal general y la vicefiscal han realizado once viajes a distintos puntos de la geografía para atender las zonas más afectadas por la alteración en el orden Público.
Un reporte que contrasta, con los reportes que varías organizaciones no gubernamentales le entregaron a la CIDH. Estas relacionan sus propias cifras de muertos, desaparecidos y víctimas, asi como un compendio con las nueve prácticas que según las ONG advirtieron estaría usando la Fuerza Pública en la protesta.
Otro aspecto determinante en el paro es el uso de armas de fuego contra manifestantes. Las organizaciones aseguraron que ante el lanzamiento de piedras en las movilizaciones, la Policía Nacional ha reaccionado usando armas de fuego y aseguraron que esto ocurrió en 184 oportunidades.
En materia de uso de armamento de letalidad reducida contra el pecho y la cabeza de los manifestantes ocurrió en 193 casos. Además 28 situaciones en las que se hizo uso del arma denominada Venom en sitios residenciales y lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.
Se denunció además la vulneración al principio de publicidad, es decir la ausencia de información luego de procedimientos judiciales en 119 ocasiones. Al respecto indicaron las ONG 1.649 retenciones arbitrarias, 25 casos de violencia sexual al interior de CAI y URI, 65 casos de lesiones oculares y 346 personas desaparecidas.
Con los reportes entregados por la Fiscalía y las ONG, más el resultado de la visita a Colombia, en las próximas semanas el CIDH emitirá un informe con recomendaciones al país.
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