Ricardo Roa Barragán es un ser de luz. En tan sólo una década pasó de la izquierda a la derecha. De Bogotá a Tegucigalpa. De ser el hombre de confianza del entonces alcalde Gustavo Petro como gerente de TGI y luego de la Empresa de Energía de Bogotá a ser la mano derecha en la Empresa de Energía de Honduras operada por el cuestionado empresario William Vélez Sierra, el zar del alumbrado público, propietario del Grupo Ethuss amigo y financiador de la campaña de Álvaro Uribe Vélez, dejando un torbellino a su paso.
Desde 2019, Roa Barragán se desempeñó como gerente de la Empresa de Energía de Honduras, EEH, de donde salió en una fuerte confrontación con ese gobierno, incluso anunció públicamente que interpondrá una demanda internacional en contra de Honduras por 805 millones de dólares.
Regresó a Colombia y no tardó en ser nombrado como gerente nacional de la campaña de Gustavo Petro, así lo anunció el senador y candidato presidencial en las últimas horas. “He designado a Ricardo Roa Barragán, exgerente de TGI y de la EEB en Bogotá Humana, como gerente nacional de mi campaña. Lucy Soto será la auditora nacional.
La historia reciente de Ricardo Roa Barragán se remonta a marzo de 2012 cuando la Junta Directiva de la Transportadora de Gas Internacional, TGI presedida por el entonces alcalde Gustavo Petro e integrada por Mónica de Greiff, Fernando Gómez, Carlos Fidel Simancas, Diego Bravo, Enrique Bascur y Carmenza Chahin lo designaron como presidente de dicha sociedad.
Y no se trataba de un cargo más. La Transportadora de Gas Internacional tiene una historia particular. Fue constituida mediante escritura pública en la notaria 11 de Bucaramanga en febrero de 2007 y nació como una empresa de servicios públicos con la característica de sociedad anónima.
Los accionistas que le dieron vida fueron la otrora Empresa de Energía de Bogotá con una participación mayoritaria, cuatro trabajadores de la empresa colombiana de petróleos Cavipetrol, La Equidad Seguros Generales y de vida, Famissancels, Reinaldo Galvis Mendienta, Jorge Enrique Cote Velosa, Fabio Alexander Sánchez Díaz y Álvaro Hernan Ruiz Macias, José Luis Ardila Cárdenas y trece personas naturales más.
Con un capital suscrito y pagado de $15.600 millones, y tras modificar su objeto social se convirtió en una de las joyas de la corona de la ciudad, pues tiene la llave del gas natural para el centro y sur del país, y al ser transportadora no tiene los dolores de cabeza de productores o comercializadores que tienen una normatividad más compleja.
De esta manera, Roa Barragán fue nombrado como presidente por un período de dos años. Se trata de un ingeniero mecánico de la Universidad Nacional, especialista en Sistemas Gerenciales de Ingeniería de la Universidad Javeriana cuenta con tres décadas de experiencia en el sector de servicios públicos domiciliarios, energía eléctrica, gas y combustible.
Destaca sus cargos como asesor de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas, director sectorial de Energía y Gas de Andesco, también fue catedrático de la universidad Nacional, Antonio Nariño y Externado de Colombia.
También entre sus pergaminos esta el haber hecho parte de las juntas directivas de Emgesa, Codensa, Gas Natural, Rep Perú y Contugas, entre otras.
Pero al terminar su período en TGI, Roa Barragán cayó de pie, pues pasó a reemplazar a su jefe, Sandra Fonseca quien se desempeñaba como gerente de la Empresa de Energía de Bogotá. Ahí Roa tuvo que salir a dar sus primeras explicaciones.
Por los lados del entonces Partido de Integración Ciudadana, PIN, que luego se convertiría en Opción Ciudadana se aseguró que los otrora congresistas santandereanos Oscar José Reyes, Alfonso Riaño y Luis Alberto Gil, ex militantes del M-19 que terminaron con vínculos con paramilitares fueron señalaados de haber movido sus hilos desde la cárcel, para que fuera nombrado en TGI y luego en la EEB.
El supuesto vaso comunicante que se endilgó fue una aparente amistad cuando Oscar Reyes se desempeñó como congresista de Santander y Roa como gerente de la antigua Empresa Electrificada de Santander, ESSA.
En su momento la prensa local inició las averiguaciones del caso pero estas se fueron desdibujando con el tiempo hasta el 2014 cuando salió a desmentirlas. “No tengo vinculaciones, no las he tenido jamás en mi vida profesional con partido político o movimiento político algun” aseguró en su momento a Caracol Radio.
Un año después, la Contraloría de Bogotá le remitió un informe final de visita de control fiscal de las vigencias 2012, 2013 y 2014. En esta dejo un plan de mejoramiento y una advertencia.
Determinó que contrario al artículo 335 de la constitución la Empresa de Energía de Bogotá entregó a título de donación $1.238 millones a la Fundación Grupo de Energía. Así mismo señaló una serie de contratos los cuales según el organismo de control fiscal territorial debían ser objeto de revisión detallada en una auditoría de desempeño.
A través de los medios de comunicación, en enero de 2016, Roa Barragán se enteró que había sido destituido de su cargo y en su reemplazo fue nombrada Astrid Álvarez.
No se volvieron a tener noticias de él hasta el año 2019 cuando William Vélez lo nombró su escudero en Honduras como gerente de la Empresa de Energía de ese país.
Precisamente, Vélez es un ingeniero eléctrico oriundo de San Pedro, Antioquia próximo a cumplir 80 años de edad que con el paso de los años pasó de vendedor de repuestos a empresario internacional. Hoy es considerado como uno de los hombres mas adinerados del pais, con un grupo empresarial que ya manejan varios de sus familiares.
Pero fue uno de los primeros que creyó en el proyecto político de Álvaro Uribe, primero para la Gobernación de Antioquia y posteriormente en momentos en que marcaba el famoso 3% en las encuestas presidenciales.
De hecho financió parte de su proyecto casi en la sombra, como lo reconoció en su momento Fabio Echeverry, y tras la elección de Uribe en el año 2002, se le señala un crecimiento inusitado mediante la adjudicación de contratos públicos. A través del Grupo Empresarial Ethuss, el empresario se apoderó de negocios, como la prestación del servicio de aseo con Interaseo y especialmente del alumbrado público, en varias ciudades del país y también en megacontratos como la ampliación del Aeropuerto El Dorado, la doble calzada Bogotá-Girardot e incluso Hidroituango. Un éxito empresarial que permitió ampliar su radar a nivel internacional en concesiones de varios países centroamericanos.
Sin embargo, Vélez ha sido objeto de señalamientos de presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. En concreto, por Jorge 40, Edgar Antonio Fierro Florez, alias El Canoso, alias Don Antonio, Salvatore Mancuso, el Aleman, y Monoleche, estos tres últimos, quienes en una grabación conocida hace unos años sugirieron un testaferrato de Vélez en favor de Uribe. Todos asuntos no investigados en profundidad por la justicia y de los cuales Vélez ha salido incólume.
En el plano político Vélez, también tiene cuestionamientos. Primero por su apoyo al Congreso a la uribista purasangre, la excongresista Liliana Rendón y posteriormente por mensajes que se conocieron en favor de la campaña política del condenado exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias.
Al respecto, Petro señaló en un trino al referirse hace unos meses a William Vélez Sierra, “Bogotá aún ignora que quien le construirá su débil metro elevado es William Vélez. Este es William Vélez, socio en Hidroituango, sobornador de funcionarios en Guatemala y acusado de testaferro por los paramilitares. El contratista preferido de Uribe”.
Luego, el pasado 12 de diciembre de 2020, el senador Petro indicó en otro mensaje en la referida red social, “William Vélez es socio con los chinos en la construcción del metro de Bogotá. Es el zar del aseo y la electricidad en Colombia junto con Alberto Ríos y ha sido acusado de lavar dineros de los paramilitares. Es el contratista preferido de Uribe”.
Y es que el consorcio que Vélez encabeza denominado Empresa de Energía Honduras, integrada por Electrica de Medellín Ingeniería y Servicios SA y Unión Eléctrica S.A, Entreprise Consulting SA, suscribió un contrato con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, “en una alianza público privada con el propósito de lograr la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de un 17% y la disminución de la mora que ascendía al 19.5%”, señala en un contrato conocido por la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
El plazo de la concesión, firmada el 14 de diciembre de 2015, era de siete años y con una inversión de 358.000 millones de lempiras, esto equivalente a US$1.457 millones. Una obra que inició en agosto de 2016 y se empezó a ejecutar en septiembre de 2017.
No obstante, en julio del año pasado, la Superintendencia de Alianzas Público Privadas de Honduras, Sapp, anunció mediante una serie de comunicados los presuntos incumplimientos que derivaron en medidas de choque y la posterior intervención del contrato firmado entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE y la Empresa de Energía de Honduras, del empresario colombiano William Vélez Sierra.
Los señalamientos que empezaron meses atrás se concentran en el contrato de concesión para la reducción de pérdidas de energía y bajas inversiones y por presuntos cobros adulterados a los usuarios. Los políticos hondureños se fueron lanza en ristre en contra de Vélez y de su gerente, Ricardo Roa Barragán, el hoy gerente de campaña de Gustavo Petro.
Aseguraron que los colombianos incumplieron la promesa de mejorar el servicio de energía que no sólo eso no ocurrió si no que además la factura se incrementó. “Lo peor es que la reducción de pérdida de energía no disminuyó si no aumento”, aseguraron.
Por su parte, Ricardo Roa Barragán anunció que demandaría a Honduras en el ámbito internacional por US$805 millones, rechazó que la empresa de Vélez estuviera incumpliendo el contrato y advirtió que por el contrario, Honduras le adeudaba a la empresa US$513 millones, además de los activos, el pasivo laboral, la garantía bancaria, el daño emergente, el reputacional y los costos de abogados.También aseguró que los morosos en su mayoría eran las mismas instituciones del Estado que le adeudan a la Empresa de energía de Honduras US$240 millones.
Paradojicamente advirtió que la intervención anunciada, “no es más que un acto de expropiación”, justo la palabra que más explicaciones ha tenido que dar su nuevo jefe Gustavo Petro, en medio de la campaña presidencial.
Es la historia de Ricardo Roa Barragán, quien casi en un abrir y cerrar de ojos, pasó de trabajar para uno de los mentores de Álvaro Uribe Vélez a manejar los hilos de Gustavo Petro, el máximo aspirante a la primera magistratura de Colombia, según todas las encuestas, en reemplazo de Iván Duque.
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