Un entramado empresarial en el que se cruzan intereses, nombres y directivos también hace parte de una denuncia presentada por Leonardo Espinosa Quintero funcionario de la Universidad Sergio Arboleda, en contra del rector Rodrigo Noguera Calderón y algunos aliados, de lo que parece ser una empresa familiar a pesar de su misión educativa y sin ánimo de lucro que los rige.
Para contrastar las denuncias en el caso, la Agencia de Periodismo Investigativo, API, revisó los registros mercantiles, certificados de constitución y gerencia de varias cámaras de comercio del país, cruzó la información con certiticados de libertad de predios, y obtuvo y analizó diversas escrituras públicas en notarías a nivel nacional, entre otros documentos, que arrojaron vínculos.
Además de señalamientos por contratación de consultores, negocios con patentes, biocombustibles, adquisición de varios predios y convenios para actividades relacionadas con la industria del fútbol, superiores a $8.000 millones, hay otro asunto que llama la atención.
Se trata del cuestionamiento al rector de la universidad, Rodrigo Noguera Calderón por un lote que adquirió en vida su padre Rodrigo Noguera Laborde con una extensión de 1.200 metros cuadrados con el propósito de, en un futuro, edificar una torre de diez pisos.
Sin embargo, el cambio del uso del suelo y el límite en el número de pisos permitidos en la zona conllevó a una construcción más modesta, a la que se denominó Hall 74, ubicada en la calle 74 con carrera 14, al norte de Bogotá.
Pero, según el denunciante, a través de lo que denominó artificios contractuales como uso de contratos de cuentas en participación, creación de empresas SAS, o contratos de fiducia, entre otros, generaron que directivos de la universidad supuestamente se lucraran de dicho proyecto.
De acuerdo con el folio de la matrícula inmobiliaria, dicho predio se englobó en febrero de 2013. Cuatro meses después se registró la venta del mismo de la Universidad Sergio Arboleda a Corpbanca Investment Teuta Colombia SA Sociedad Fiduciaria, como vocera de Patrimonio Autónomo Nogo.
Un año después, en 2014 se constituyó una fiducia mercantil, es decir, pasó de Corpbanca Investment a otra, Fiduciaria Bogotá SA, vocera y administradora del Fideicomiso Fidubogota- Proyectos Nogo Garantía. Luego, el 10 de octubre de 2017, ahí si se realizó una declaración de construcción en suelo propio por $2.013 millones y en 2019 se volvió a constituir una fiducia.
Por lo tanto, advierte que no es claro cuál fue el beneficio económico que recibió la universidad luego de haber vendido el lote y haber pagado y avalado las deudas con bancos, y por ello el denunciante pone en duda la participación de Proyectos Nogo SAS.
Todo apunta a una fecha; el 2 de mayo de 2013. German Alonso Gómez Burgos, un abogado de la Universidad Santo Tomás, especializado en Derecho Administrativo, árbitro de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y quien en su hoja de vida aparece con amplia experiencia jurídica decidió constituir una empresa pero para desarrollar proyectos inmobiliarios.
Una iniciativa que materializó mediante documento privado al crear Proyectos Nogo SAS. Se trata de una sociedad ubicada en la carrera 9 # 74-08 oficina 208, con un capital de $50 millones de pesos, según registros de la Cámara de Comercio de Bogotá consultados por esta Agencia.
Con otro detalle; Gómez Burgos y Rodrigo Noguera Calderón fungieron como árbitros en la controversia entre Autopistas de Santander SA y la Agencia Nacional de Infraestructura en febrero de 2016. Esto con respecto al contrato de concesión 002 de 2006 para el mejoramiento, construcción y rehabilitación del proyecto Zona Metropolitana de Bucaramanga.
Después repitieron como árbitros en la controversia entre Autopistas del Sol SAS y la Agencia Nacional de Infraestructura. Pero en una de las más recientes asambleas de socios de la empresa Proyectos Nogo SAS, realizada el pasado 12 de abril, a las 8:00 am y en la cual se votó el aumento de capital, se evidenciaron los socios de la misma.
No solo es German Alonso Gómez Burgos quien ahora tiene el 50% de participación. Su socio con el otro 50% es la firma Noguera Calderón Abogados SAS cuyo representante legal es Rodrigo Francisco Manuel Noguera Calderón, rector de la Universidad Sergio Arboleda.
En dicha asamblea Noguera Calderón aseguró frente a la cifra de $50 millones, “es muy pequeña y merece ser revisada de cara a los nuevos proyectos que se tienen previstos”, se fijó entonces un capital autorizado de $5.000 millones.
Con otra particularidad, por la misma época en que se constituyó Proyectos Nogo SAS, también se constituyó mediante documento privado el 6 de mayo de 2013, la firma Noguera Calderon Abogados SAS.
El domicilio es la calle 74 # 14-14, es decir la dirección de la Universidad Sergio Arboleda. Esta firma sí, para prestar asesoría, consultoría y representación en todas las áreas de derecho, con un capital autorizado de $20 millones.
Como suplente del gerente Rodrigo Noguera fue designada su esposa Zaida del Carmen Barrero Cuervo, quien durante varios años fue registradora de instrumentos públicos de Bogotá, superintendente de notariado, directora del Centro de Emprendimiento Femenino de la Sergio Arboleda, candidata al Senado en las elecciones 2018-2022 por el Centro Democrático que no salió electa y madre del exdirector de Coldeportes y hasta hace unos meses ministro del Deporte, Ernesto Lucena Barrero.
Por eso se solicitó al Ministerio de Educación Nacional indagara las operaciones realizaciones de Hall 74 en su fase de construcción, así como la actual administración u operación, incluido el millonario contrato de compra o dotación de sillas. De igual forma, se pidió revisar los costos, beneficiarios de los pagos, comisiones y asesorías vinculadas directa o indirectamente con la universidad.
La misma acusación recae sobre el edificio Firenze, conocido como torre administrativa. Este se vendió a Jesús Antonio Daza Cruz, un médico optómetra quien pagó alrededor de $5.000 millones de contado. Por esta transacción, a una persona allegada a la institución educativa se le pagó una comisión, “supuestamente para sortear la crisis económica de la universidad”, aseguró Leonardo Espinosa en su comunicación al Ministerio de Educación.
Pero otro antecedente deja más inquietudes. En ese mismo lugar funcionó la Reforestadora Dages SAS, una empresa constituida mediante escritura pública 00503, el 23 de enero de 2008 cuyo objeto es el manejo de cultivo trofobiótico y venta de gramíneas y leguminosas, cría, levante y engorde de ganado.
Una firma que tiene entre otros accionistas actuales, a Forest Investments cuyo representante legal es Darío Arturo Beltran Ortiz con un 50% y German Alonso Gómez Burgos con el otro 50%.
De hecho, a mediados de 2013 se evidenció la participación de German Gómez Burgos representando a German Burgos Abogados SAS con 10 acciones y sus socios German Ricardo Eisnner con siete acciones y Selma Espinosa Eissner con tres acciones.
Y sobrevino otro negocio. En dicha asamblea se hizo un recuento de la empresa y su principal activo, el inmueble rural El Morichal, ubicado en Puerto Carreño, Vichada.
Allí se hizo levantamiento de cercas a un lote de 1.471 hectáreas que se valorizó sustancialmente en solo tres años y la adquisición de otras 2.946 hectáreas que se adquirió por $200 millones para destinarlo a la explotación agropecuaria.
En esta reunión también se dispuso aumentar el capital suscrito de $30 millones a $450 millones, cambiar el nombre de la empresa y transformarla de sociedad anónima a SAS.
Sus accionistas se reunieron nuevamente el pasado 31 de diciembre a las 11:00 am para fijar como capital autorizado la suma de $2.500 millones.
Otros reparos recaen en la compra de lotes por parte de directivos de la universidad para luego arrendarlos a la misma Institución. Uno de ellos es el lote denominado Los Tres Hermanos, ubicado en el municipio de Tauramena, Casanare, con una extensión de 150 hectáreas. Un negocio sin relación con la función educativa de la institución.
Pero el 28 de junio de 2018, la universidad giró $507 millones por este lote. Este fue pagado a los vendedores Gustavo Bautista Gamboa y María Elena Bautista con dos cheques girados desde la universidad. Una transacción que quedó incorporada en el folio de matrícula por $200 millones. Sin embargo, el predio no aparece registrado a nombre de la institución educativa sino de la empresa RZ Guadalupe SAS.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, revisó los documentos de esa empresa. Fue constituida el 17 de diciembre de 2012 en la notaría 39 de Bogota, con un capital de cinco millones de pesos. Cómo único socio quedó registrado Rodrigo Noguera Calderón, rector de la Universidad Sergio Arboleda.
Adicionalmente, RZ Guadalupe de propiedad del directivo adquirió un lote de 29.957 metros cuadrados, ubicado en el municipio de Madrid, Cundinamarca, en abril de 2014.
Las otras sociedades cuestionadas ante el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Bogotá son la Fundación para el Desarrollo U.S.A, Fundeusa, creada por la Universidad Sergio Arboleda y cuyos miembros del Consejo Directivo aparecen Rodrigo Noguera y su hijastro Ernesto Lucena Barrero y como gerente Jaime Cadena Agudelo, quien funge como director financiero de la universidad.
Otro negocio también deja interrogantes. El 2 de septiembre de 2014, la compañía Asesorías Jurídicas SA en liquidación, donó el lote Humapo de 855 hectáreas, ubicado en Puerto López, Meta a la fundación Fundeusa de la institución educativa. Y para continuar con el control del inmueble, tres años después, el 7 de abril de 2017, se constituyó un usufructo en favor de la sociedad del rector de la universidad, Rodrigo Noguera Calderón.
La empresa donante, Asesorías Jurídicas SA se constituyó el primero de enero de 1985 mediante escritura pública en la Notaría 18 de Bogotá. Sin embargo, 30 años después, Rodrigo Noguera Calderón acudió a la Notaría 12 de Bogotá y mediante la escritura 1665 hizo el nuevo trámite.
El objeto social continuó igual, la prestación de servicios relacionados con la profesión de abogado y la enajenación de cosechas y ganado. El capital autorizado fue de un millón de pesos y los socios Rodrigo Noguera Calderón, su esposa Zaida Barrero Cuervo, su hijastro el exministro Ernesto Lucena Barrero, así como los hijos del directivo, Ana Catalina Noguera Toro, exdirectiva de la Fiscalía quien salió del ente acusador en medio de polémicas denuncias, y Ana Lucía Noguera Toro.
Paradójicamente, en dicha escritura de 2015, aparece como secretario el hoy denunciante Leonardo Espinosa Quintero, actual director de investigaciones de la institución y quien labora en la Sergio Arboleda desde el 17 de enero de 1990.
El interés del rector Noguera Calderón por negocios en los Llanos Orientales es evidente desde hace varios años. De hecho, en el año 2004 junto con su esposa Zayda Barrero, adquirieron el lote Humapo 2, ubicado también en la vereda Yacuaná de Puerto López, Meta, con una extensión de 356.6 hectáreas.
En contraste, la Agencia de Periodismo Investigativo, API, habló con varios estudiantes de la institución. Hay inconformidad por los costos de las matrículas, el hacinamiento y mal estado de las instalaciones de la universidad. “Lo que ofrece la universidad en infraestructura y en espacios y áreas no se compadece con el alto valor de la matrícula, en varias oportunidades incluso se han descolgado los ascensores poniendo en peligro a los estudiantes”, aseguró uno de ellos.
Los directivos no se pronuncian en extenso sobre la situación de la entidad educativa, pero aseguran que ya rindieron las explicaciones correspondientes a los funcionarios que visitaron el alma mater este lunes y quienes, según un directivo consultado, se mostraron satisfechos con las justificaciones e información entregada. Además indicó que todo obedece a un pleito laboral con un funcionario.
Defensores de la universidad y de los directivos, aseguran que de no ser por el trabajo de varias décadas y generaciones de la familia Noguera, la institución educativa no hubiese crecido y consolidado como una alternativa académica en el país, con varias sedes, programas y más de 100.000 estudiantes de diversas carreras de pregrado y posgrado que han pasado por sus aulas, entre ellos el presidente Iván Duque y el fiscal general Francisco Barbosa, entre otros, egresados destacados.
Un caso que esta ahora en manos del Ministerio de Educación y la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Alcaldía de Bogotá, esta última revisa la Fundación, Fundeusa de la universidad.
Entretanto, el denunciante Leonardo Espinosa Quintero sigue trabajando en la conformación de un sindicato y está a la espera de la respuesta a su derecho de petición a las autoridades. Durante 31 años estuvo al lado de la familia Noguera, fue testigo de muchas de sus actividades y ahora es su acusador.
Así está hoy el legado académico del líder conservador, Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995, en las horas de la mañana, al frente de la Universidad Sergio Arboleda.
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