Emilio Tapia Aldana, uno de los responsables del mayor caso de corrupción en Bogotá, el carrusel de la contratación, aún tiene pendiente purgar varios por las dos condenas que tiene a cuestas y que le fueron acumuladas en el año 2016 en nueve años y nueve meses de prisión.
Desde que fue capturado por primera vez el 24 de febrero de 2014, señalado del delito de lavado de activos, ha estado recluido en la cárcel de máxima de seguridad en Cómbita, Boyacá, en la penitenciaría La Picota en Bogotá, en el Batallón de Malambo, Atlántico y en su domicilio en Barranquilla.
En estos siete años, jueces y fiscales ordenaron su traslado a diferentes sitios de reclusión argumentando eventuales riesgos para su seguridad e integridad personal.
Sin embargo, nada dijeron de las denuncias en su momento del Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, de la remodelación que quiso hacerle a su celda a mediados de 2015 o las parrandas vallenatas con whisky y amigos.
A pesar de que el mismo director de la entidad denunció el hecho públicamente, meses después lo enviaron a un batallón en el Atlantico y luego le otorgaron prisión domiciliaria.
Más adelante, el juez primero de ejecución de penas de Barranquilla, en los últimos destellos del año 2019, le concedió la libertad condicional, pese a las cuantiosas multas que aún le debe al Estado y que se supone es uno de los requisitos que exige la ley para concederla, el pago.
A Tapia, no le figuran bienes inmuebles a su nombre, tampoco se le conocen fuentes de ingresos, pues ante el juzgado de ejecución de penas que vigila su condena aparece que redime pena desde su prisión domiciliaria.
Con otro antecedente, el 29 de abril de 2017, veinte meses antes que le otorgaran la casa por cárcel , suscribió un pagaré, el 20172904HN180 por $290 millones en favor del Grupo Automotriz Automundo SAS.
Incumplió el pago y su acreedor, una empresa domiciliada en Santa Marta que se dedica al comercio de vehículos nuevos, partes, piezas, accesorios de lujo, así como alquiler, mantenimiento y reparación lo demandó.
En octubre de 2018, cuando aún seguía privado de la libertad en establecimiento carcelario, una juez de Santa Marta libró mandamiento de pago en su contra.
Le ordenó pagar $290 millones de pesos por el capital insoluto y $54 millones más, por los intereses moratorios causados entre el 29 de enero de 2018 y hasta la fecha en que cancelara la deuda.
Amparada con el título valor que presentó la empresa demandante, cuyo representante legal es Carlos José Dangond Fernández y a solicitud del abogado de la firma, la juez ordenó el embargo de un automóvil Toyota Land Cruise VXR V8, modelo 2014, que según el despacho judicial, Tapia tenía en su posesión y era su propietario.
También impuso a la Secretaria de Transito de Santa Marta y a la Policía Nacional la inmovilización y el secuestro del vehículo.
Pero esta no fue la única medida. La juez conminó a veinticuatro entidades bancarias localizadas en esa ciudad, embargar las cuentas que tuviera Tapia y retener el dinero. Estas medidas cautelares se limitaron a $517’302.000.
No obstante, el Grupo Automotriz Automundo SAS entró en reorganización en la Superintendencia de Sociedades, así que a mediados de 2019, el juzgado civil del circuito de Santa Marta puso a disposición de la entidad el proceso para que continuára el trámite de liquidación correspondiente.
Lo extraño no es la deuda, sino un auto del pasado 13 de agosto en el juzgado civil del circuito mediante el cual decretó la terminación del proceso, “por el pago total de obligación”.
Es decir, según el expediente, el demandado Emilio Tapia logró pagar más de $290 millones, en tiempo récord y a pesar de estar privado de la libertad. No ocurre lo mismo con el Estado. Según la Contaduría General de la Nación, es deudor moroso con tres obligaciones.
Estos corresponden a las dos multas impuestas por los juzgados 42 y 15 penal del Circuito de Bogotá y las cuales fueron reportadas por el Consejo Superior de la Judicatura. A estas se suma la obligación 26266 impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio.
De nuevo, el nombre de Emilio Tapia volvió a ser motivo de atención por las indagaciones que realiza la Fiscalía y los entes de contro. La razón, su presunto vínculo con el lío del contrato de MinTic con la Unión Temporal Centros Poblados 2020.
Un negocio por más de un billón de pesos para conectar a Internet a más de 7.000 escuelas rurales del país. Tapia mediante una comunicación negó enfáticamente cualquier participación y en cambio se mostró asombrado del porque lo mencionan en el entramado de la contratación.
En prisión domiciliaria, sin ingresos probados, con deudas, embargado y en medio del escándalo, aparece ahora cumpliendo con el pago de sus acreencias, esta vez con millonarios recursos de origen desconocido.
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