Este 29 de junio se cumplen los cien primeros días de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación. Los folios de su hoja de vida son 37 años de experiencia laboral dedicados al servicio de la justicia, aquella que inició como oficial mayor del Juzgado 18 Superior de Bogotá y luego como juez 106 de Instrucción Criminal. Una mujer formada en la Rama Judicial cuyo nombre causó mucha expectativa en un país donde la sensación de impunidad, inseguridad y la justicia como utopía, crece, mientras que la imagen de la Fiscalía se desvanece.
Pero la expectativa ha resultado un salto a la sensación de vacío. En palabras de los fiscales de antaño, de carrera y peso: "son 100 días de incertidumbre" a lo que otro homólogo complementa, "y sin resultados". Así resumen los funcionarios y fiscales de la entidad rectora de la persecución penal el inicio de la era Camargo, silencio y sin hoja de ruta.
Al tiempo que destacan que en las anteriores administraciones, en cien días no sólo ya se conocía la carta de navegación de la entidad si no que ya se empezaba a ejecutar. Y citaron varios ejemplos: La fiscalía en los territorios y la lucha contra el crimen organizado de Francisco Barbosa; la lucha contra la corrupción de Néstor Humberto Martínez, la lucha contra el lavado de activos y los Derechos Humanos de Eduardo Montealegre, al citar las tres últimas administraciones. En cambio en esta oportunidad dicen que parece estarse repitiendo el periodo de Vivián Morales.
La sombra de Mancera
En el periodo que duró la interinidad de la entidad y como encargada la vicefiscal Martha Mancera, los funcionarios y fiscales prendieron más de una vela y elevaron plegarias pidiéndole al altísimo que saliera humo blanco de la Corte Suprema de Justicia y eligieran el reemplazo de Francisco Barbosa, de la terna temprana enviada por el presidente Gustavo Petro.
Decían y creían que la interinidad era lo peor que le podía suceder a la administración de justicia, pues se requería con urgencia la nueva hoja de ruta, los delitos a priorizar y el modelo de investigación pero tras la posesión de la fiscal Camargo no han visto ningún cambio significativo.
Los funcionarios de confianza de Martha Mancera, todos 'cayeron parados' y es como si ella aún estuviera en la entidad. Es de precisar que actualmente la exvicefiscal disfruta de cerca de 135 días de vacaciones en Cali, se recupera de una operación de rodilla y pronto comenzará a disfrutar de su jubilación.
No obstante, varios de su circulo son relevantes en la entidad. Por ejemplo: Astrid Milena Zambrano Cuéllar quien se venía desempeñando como Directora Nacional de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana fue trasladada a la unidad de Narcotráfico. Quien fungiera como secretaria privada de Mancera, Katherine López Sánchez pasó a Lavado de Activos y Extinción de Dominio. A su vez Ricardo Romero quien laboró en la Delegada de Criminalidad pasó a la Unidad Especial de Investigaciones que afecta a líderes y defensores de Derechos Humanos.
A ellos se suma Luisa Fernanda Obando Guerrero, mano derecha de Mancera y Delegada para la Seguridad Territorial hacen parte de la Unidad Especial. Tanto Zambrano como Obando fueron señaladas por varios medios de comunicación de manejar denominados "microproyectos" entre esos el del abogado Ramiro Bejarano quien denunció el hecho en una de sus columnas. A ellas se suma Víctor Forero, jefe de Policía Judicial quien ahora está en la Unidad Especial.
Una licitación polémica
Y mientras varios funcionarios clave de la era Barbosa y Mancera están mimetizados, y los nombrados por Camargo aún ni siquiera se les conoce la voz en los edificios de la Fiscalía, nadie conoce la hoja de ruta del próximo cuatrenio. La que sí está lista para subirse al Sistema Electrónico de Contratación Estatal, Secop, es una licitación por $57.000 millones y que tiene con la espada de damocles apuntando a 14.000 funcionarios provisionales.
Con un antecedente, El 24 de febrero se había aprobado por unanimidad un curso-concurso que permitiera la actualización de los funcionarios y proveer 1.500 cargos en la Fiscalía. Sin embargo, tres meses después, ya en la era de la fiscal Luz Adriana Camargo, inexplicablemente se revocó el acuerdo que contaba con el guiño de los once sindicatos de la Fiscalía, los tres representantes de la administración, el representante de los fiscales, así como el de los funcionarios.
El 27 de mayo, con la renovada Comisión de Carrera, pues aquí ya tenía asiento la directora ejecutiva Ligia Stella Rodríguez Hernández, la subdirectora de Talento Humano, Paula Tatiana Arenas González, la delegada de la fiscal Andrés del Pilar Berdugo Parra, esposa de Andrés Idárraga secretario de Transparencia de la Presidencia y quien en un principio fue señalado en el escándalo de la UNGRD y Javier Duque representante de los funcionarios. Duque quien en febrero había votado para el curso concurso, cambió de parecer y se alineó con la nueva administración. Con cuatro votos hicieron trizas el acuerdo aprobado semanas atrás.
Con una particularidad, el representante de los fiscales, Oscar Toro Lucena se apartó de esa decisión y con sendas providencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado advirtió lo que se avisora en el horizonte; un gran malestar de fiscales y funcionarios y agujeros jurídicos pues se estaría abriendo la licitación sin tener actualizado el manual de funciones y sin que la Oferta Pública de Empleos de Carrera, OPEC, contenga de manera detallada, nomenclatura, cargos, funciones, entre otros, de lo que se va a proveer.
Este mismo fiscal, con megáfono en mano fue quien meses atrás evidenció lo que la dirección administrativa del fiscal Francisco Barbosa pretendía hacer con dicho concurso en donde incluso aparecía el nombre de la cadena de gimnasios Bodytech capacitando fiscales.
El punto es que en una entidad donde reina el silencio lo único que sí está listo es la licitación para realizar un concurso que provee 4000 cargos por $57.000 millones y que le abriría el espectro de personal a la fiscal Camargo, con el peligro que representa que la entidad se quede sin la memoria institucional de la criminalidad del país.
Casos emblemáticos
Otro de los sinsabores, entre los funcionarios y fiscales consultados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API radica en el manejo que se le estaría dando a los casos emblemáticos del último tiempo.
El primero de ellos es el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD. El caso de corrupción con el que despuntó el año pero que ha sido manejado no por la entidad, si no por los abogados defensores de Olmedo López y Sneyder Pinilla; los penalistas José Luis Moreno y especialmente su hermano el exfiscal de la Unidad Anticorrupción de la misma fiscalía Luis Gustavo Moreno.
Este en su triple condición de exfuncionario, de condenado y abogado penalista conocedor de la figura del principio de oportunidad, no solo en la dogmática si no en la vida; pues fue éste quien contribuyó a desmantelar el Cartel de la Toga de la Corte Suprema de Justicia y cuya matriz de colaboración fue certera, después Después de varios días de presión mediática con entrevistas de su cliente en medios y de revelar a cuenta a gotas lo que en esa entidad sucedía es que la Fiscalía reaccionó y los llamó a interrogatorio.
Con un detalle no menos inquietante, Andrea Muñoz, la fiscal del caso que tenía lista varias órdenes de captura en ese proceso especialmente por la compra de los 40 carrotanques por $46.800 millones fue desplazada de la titularidad del caso y en su reemplazo se designó a la fiscal María Cristina Patiño González de poca experiencia y quien trabajo tiempo atrás con el exmagistrado Leonidas Bustos procesado y considerado el jefe del cartel de la toga y socio del propio Luis Gustavo Moreno.
Nicolás Petro en stand by
El otro caso que parece haberse metido en el congelador o en los anaqueles y telarañas del olvido es el de Nicolás Petro, el primogénito del presidente Gustavo Petro judicializado y acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El proceso se ha venido dilatando y las audiencias posponiendo y ni qué decir de la nueva imputación por los delitos asociados al manejo de contratos que se realizó con la Fundación Conciencia Social. Esto también tendría un freno de mano.
Incluso la expareja de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez quien tiene un principio de oportunidad y no ha escatimado un segundo en su colaboración es testigo de cargo de la Fiscalía, pero fue a ella a quien recientemente se le realizó una nueva imputación por haber interceptado ilegalmente a la mejor amiga de Laura Ojeda la nueva pareja de Nicolás Petro.
Laura Sarabia
Con respecto a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, Laura Sarabia, investigada por la Fiscalía tras las denuncias de Marelbys Meza exniñera de su hijo, a mediados del año pasado, también se ha señalado que el proceso perdió el impulso en los últimos tiempos.
A Sarabia se investiga por los seguimientos, interceptaciones y orden de prueba de polígrafo que se hicieron a la exniñera tras la aparente pérdida de US$7.000 correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023 que estaban en poder de la funcionaria
Aún cuando hay cuatro miembros de la policía y un particular en prisión o judicializados la situación jurídica para determinar o no responsabilidades de Sarabia entró en paso de tortuga, según informaron fiscales a esta Agencia.
Un investigador para 'las chuzadas'
La fiscal Camargo de quien han venido tomando distancia los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y a quienes cada vez con menos frecuencia les contesta el teléfono, tomó una decisión que generó malestar en las altas cortes, según expresaron varios magistrados consultados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
La denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez sobre indicios de que a él, su esposa y sus magistrados auxiliares estaban siendo víctimas de espionaje e interceptaciones ilegales, no fue atendida con premura y con investigadores y funcionarios de primer nivel.
Se requirió que la denuncia llegara primero a ser escuchada y divulgada por los medios de comunicación para que la entidad entrara a actuar y posiblemente con cadenas de custodia tardías.
En este contexto también se cuestiona que en los primeros 100 días de la fiscal Camargo la ausencia de 'golpes relevantes' contra la criminalidad. La información diaria de la entidad en este periodo ha divulgado de capturas de algunos miembros de disidencias, de violencia sexual o intrafamiliar, maltrato animal y de procesados por homicidios.
Cambio de fiscal del caso Angélica Monsalve
Y como si el malestar no fuera suficiente al interior de la entidad, a ello se suma la resolución 0253 del 13 de junio de 2024. Mediante esta el vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero Diaz, hizo sendas variaciones de la asignación de fiscal para que conozcan de los once procesos que surten en contra de Angélica María Monsalve Gaviria.
El pasado 29 de mayo, Monsalve quien funge como fiscal 414 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá solicitó que sus procesos se asignaran, "a fiscales objetivos que no hayan sido conducidos por la exfiscal general Martha Mancera, ni por el exfiscal general Francisco Barbosa, donde se garanticen los principios de imparcialidad, transparencia, objetividad y debido proceso". La operadora judicial en su escrito advirtió que sus procesos penales eran producto de una persecución judicial de la cual es víctima.
La fiscal Monsalve que tiene diez procesos en indagación por delitos como constreñimiento ilegal, fraude procesal, prevaricato por omisión, acceso abusivo a un sistema informático y hasta injuria y calumnia, con su escrito logró un hecho inédito. Según señalaron a esta Agencia varios de sus homólogos fiscales es que se hiciera variación de los fiscales que conocían de su caso con un argumento que podría hacer carrera para que cualquier indiciado o investigado pueda remover a un fiscal que no es de gusto.
Como motivación y argumento de dicha resolución se aseguró que la variación se realizaría ante la necesidad de materializar una administración de justicia transparente, pronta y cumplida, bajo el principio de legalidad y de brindar de todas las garantías las actuaciones que adelante el ente acusador. Para los fiscales este argumento pone en entredicho la labor de todos los funcionarios judiciales. Asi las cosas, los procesos en contra de la fiscal Angélica Monsalve quedaron a cargo de Miguel Àngel García Castellanos, fiscal 015 delegado ante el Tribunal Superior de Distrito.
El vicefiscal y el ministro Iván Velásquez
Además del cambio de fiscal del caso Monsalve, al interior de la Fiscalía inquieta la distancia del vicefiscal Gilberto Guerrero. Según varios funcionarios no se percibe un rol de liderazgo como el que tuvieron sus antecesores. Muchos se preguntan la frecuencia de sus viajes a la ciudad de Cali.
A este hecho se suma la expectativa de un hecho en las últimas horas y es el paso de una de las personas de confianza del ministro de Defensa, la coronel de la Policía, Claudia Martínez quien ahora pasa a la Fiscalía como enlace de la fiscal Camargo. Un hecho los une y es que trabajaron los tres en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.
La expectativa
Pese a los cuestionamientos, en diversos sectores se valora la prudencia de la fiscal Camargo para comunicar, contrario a su locuaz antecesor Francisco Barbosa. También se ve como positiva la rápida evaluación que hizo y toma de decisiones en cuanto a los fiscales en las regiones. De hecho, el pasado jueves 18 de abril, la funcionaria designó 18 nuevos directores seccionales, al tiempo que ratificó a 17 de la anterior administración.
En el entorno internacional se destacan las reuniones que hizo en su visita a Estados Unidos a mediados de junio para fortalecer la cooperación judicial entre los dos países. En concreto el 11 de junio con el fiscal de Estados Unidos Merrick B Garland. Al día siguiente con el subsecretario para asuntos internacionales de narcóticos de ese país. Y luego con el director de la Oficina Nacional para la Política del Control de Drogas, Rahul Gupta, entre otros.
A esta reunión antecedió una cumbre secreta que la funcionaria hizo del 6 al 9 de junio en Armenia con la cúpula directiva de la entidad y con los directores seccionales en la primera reunión directiva de construcción estratégica de 2024 – 2028, con la que se espera que avance una entidad de cerca de 25.000 funcionarios, más de tres millones de expedientes en trámite y con una fiscal general de la que un país golpeado por la impunidad espera mucho más de lo que se ha visto en sus primeros 100 días en el cargo.
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