Continúa el tsunami en la Policía Nacional. Esta vez, no por disposición directa del gobierno del presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa Iván Velásquez, sino por decisión de 23 oficiales de la institución que llevaban allí más de 20 años. En contraste, el director, general Henry Sanabria expidió una directriz que cambia los protocolos en situaciones de orden público.
El grupo de oficiales, entre hombres y mujeres que pidió la baja corresponde a 10 tenientes coroneles, siete tenientes, tres capitanes, dos subtenientes y un mayor que se desempeñaban en diferentes regiones del país y constituían soporte y significativa experiencia policial.
Los tenientes coroneles que salieron de la institución son: Hernán Darío Gómez Mancilla, José Raúl Vera Castro, Magnolia Parrado Rodríguez, María Edilsa Rubriche Cubillos, Wilson Esteban Urrego Barreto, Nydia Elvira Huertas Martín, Paola Andrea Rojas Uscátegui, Carlos Eduardo Rodríguez González, Iván Dario Guañarita Charry y Ronald Osorio Ramos.
También pidieron la baja los tenientes Nicolás Forero Aguilar, Andrés Felipe Corena Duque, Oscar David Gaviria Rengifo, Fernando José Vélez Durán, Eilyn Yareni Pérez Villamil, Sergio Reinaldo Gutiérrez Martínez y María Fernanda López Arenas.
Los capitanes que ya no pertenecen a la institución son Sandra Milena Cortés Useche, Luis Ángelo Pineda Pabón y Carlos Arturo Moreno Nuñez. Al igual que los subtenientes Sofía Reyes Aguilar y Sebastián Castañeda Díaz, así como el mayor Cesar Yasser Chahin Ríos.
Algunos de los policiales que tomaron la reciente decisión aseguraron a la Agencia de Periodismo Investigativo, API, que pidieron la baja desmotivados por la falta de garantías institucionales. Otros informaron que no tuvieron en el último tiempo opción de hacer su trabajo en condiciones operativas adecuadas.
Un tercer grupo indicó que todo obedece a que carece de sentido continuar en la institución con directrices por parte de los superiores en las que poco pueden hacer frente a hechos como la invasión de tierras, acciones de bandas criminales y la confrontación con ciudadanos para imponer en control en las calles.
Algunos simplemente comentaron que quieren un mejor nivel de vida y que en este momento la mejor salida es, palabras más palabras menos, dar un paso al costado por los mensajes que ha enviado el gobierno del presidente Petro, durante este mes y medio que lleva en el mandato.
No obstante, otros uniformados consultados por esta Agencia, aseguraron que, especialmente en las regiones se sigue trabajando como siempre y "no nos han quitado ninguna prebenda o temas legítimos, continuamos con los obstáculos de siempre".
En esencia, se refiere a más presencia policial en los diferentes departamentos, mejor infraestructura y logística, así como condiciones laborales superiores en cuanto a salarios y beneficios sociales.
Lo evidente es que tras la salida intempestiva de 21 generales recientemente, si afectó la moral al interior de la institución y se convirtió en el hecho más significativo de los últimos tiempos. "Si ello sucedió con tantos generales, que podemos esperar nosotros que estamos en el terreno, en subordinación y con muchas limitaciones para hacer el trabajo", explicó otro suboficial a esta Agencia.
A ello se suma que varios de los generales que salieron de la institución por orden del presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa Iván Velásquez y por sugerencia del general retirado y exsubdirector de la Policía William Salamanca, designado por el gobierno como nuevo cónsul en Miami, tenían mérito, experiencia y carecían de antecedentes que derivarán en la baja policial. No obstante, al derecho que tiene el primer mandatario de trabajar con la cúpula de su confianza.
Y los hechos parecen darle la razón a los oficiales que renunciaron. Este fin de semana el director de la institución, general Henry Sanabria expidió un nuevo instructivo de 10 páginas mediante el cual establece los lineamientos para el restablecimiento del orden público.
Entre ellos, por ejemplo, que en las manifestaciones el acompañamiento policial debe ser discreto para no incitar al odio. "Los policías no deben marchar junto a los manifestantes, tampoco colocarlos para abrir o cerrar la manifestación; no deben ser apostados de manera inerme en lugares donde pueden ser objeto de ataques", precisa el instructivo en uno de sus apartes.
A esto se adiciona la creación de la nueva Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, con un principio; prima el derecho a la manifestación pública por encima del derecho al buen nombre y por ello, según la directriz, "no debe haber reacción policial ante tales injurias y calumnias".
En otras palabras, cambian muchos procedimientos policiales y los uniformados ahora tendrán que ser más cuidadosos o sigilosos a la hora de enfrentar afectaciones al orden público.
Frente a los jóvenes entre 15 y 24 años a partir de la fecha se dispone que en las manifestaciones, la primera intervención será con unidades de la Fuerza Disponible y si hay alta agresividad debe acudir la UNDMO y aplicar el nuevo protocolo, cuyo principio esencial es el diálogo.
Similares medidas establece la nueva disposición policial frente a huelgas, perturbación del orden público, obstrucción de vías, asonadas, erradicación de cultivos ilícitos, explotación ilícita de yacimientos mineros, riñas colectivas y motines en cárceles.
Con respecto, al asunto que más inquieta a propietarios de terrenos a nivel nacional, la invasión, se definió el nuevo procedimiento policial. Una vez se detecte esta, los uniformados a través de la UNDMO siguiendo el protocolo, deben expulsar a los invasores en 48 horas.
Indica además que cuando la invasión supere las 48 horas dejará de aplicarse el derecho policial y se actuará por los delitos de invasión de tierras o avasallamiento de inmuebles. Cuando se supere los seis meses el caso pasará a inspectores de policía o jueces civiles.
Oficiales y suboficiales aseguraron que vienen mas renuncias en una institución con cerca de 140.000 hombres donde prima la desconfianza y la incertidumbre. Entre tanto, el gobierno sigue tomando medidas para superar los problemas al interior de la Policía y los hechos de inseguridad que crecen en el país.
Nota del editor:
A propósito de esta publicación dos de los oficiales retirados se refirieron a su situación.
El Teniente Coronel, en uso de buen retiro, Hernán Dario Gómez Mancilla indicó mediante correo: “quiero manifestar a la opinión pública, a mi familia, a mis amigos y a todos los Policías de Colombia, mi más profundo rechazo a la información allí publicada, pues dichas afirmaciones resultan alejadas de toda realidad, en razón a que los motivos de mi retiro voluntario de la institución policial obedecen a motivos estrictamente personales y jamás he expresado inconformismo alguno con las políticas del actual gobierno; antes por el contrario, me voy completamente agradecido con mi institución en la cual laboré por 25 años”.
Adicionalmente, el oficial retirado indicó: “Insisto en aclarar que la decisión de retirarme del servicio activo fue comunicada a mis superiores jerárquicos con anterioridad a la posesión del actual gobierno, por ende, es imposible que exista algún tipo de animadversión, desacuerdo o descontento con las políticas gubernamentales como se pretende hacer creer a la opinión pública en general”.
A su vez, la capitán retirada Sandra Milena Cortes Useche, precisó qué, “No solicité mi retiro de la institución por no estar de acuerdo con las nuevas políticas institucionales, lo hice por motivos muy personales relacionadas con el cuidado de mi hijo, respeto y quiero a la Policía Nacional que en mi concepto ha sido garante de los derechos de sus policías”.
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