La torre BD Bacatá, en pleno centro de Bogotá, un rascacielos de 216 metros en la torre sur y 186 metros en la torre norte, más de 66 pisos, es un gigante que tiene en jaque económico a más de 6000 inversionistas de un hotel y el comercio; cerca de 1000 propietarios de apartamentos y oficinas; más de 300 empleados y aproximadamente 500 contratistas. También, a la Dian por los impuestos que no se han pagado, así como las millonarias deudas con los bancos que participaron en el proyecto.
El anuncio de la liquidación judicial de BD Promotores SAS, hecho por la Superintendencia de Sociedades el 24 de enero del 2021, resume la situación de la empresa que prometió hacer el rascacielos más grande de Colombia: “La decisión se tomó en atención al incumplimiento en el pago de los gastos de administración y la iliquidez de la compañía, así como la disminución de sus ingresos (…).
Sumado a esto, la sociedad presenta pérdidas recurrentes desde que fue admitida al proceso de reorganización el 16 de abril de 2018, bajo la Ley 1116 de 2006, incrementando los costos, viéndose deteriorada su situación económica y financiera. La Superintendencia también evaluó la situación de desprotección de los trabajadores, por la falta de pago de las obligaciones post preferentes de seguridad social”.
En efecto, los exempleados del BD Bacatá Colombia SAS ya se organizaron en un grupo donde están haciendo diferentes denuncias sobre el maltrato moral y laboral del que fueron víctimas porque la mayoría fue despedida sin justa causa, no se les pagó la nómina, ni el servicio de salud ni servicios de pensión, pero sí se les descontaba cuando recibían sueldo. “Aparte de que no les importaba nuestra salud, porque trabajamos sin horarios, tampoco se hacía el debido reporte a la EPS”, tal como lo han comenzado a expresar en videos personales varios empleados.
Igualmente, elaboraron un comunicado a través del cual explican que son cerca de 300 empleados afectados: “Representamos un grupo de personas entre empleados y exempleados de las empresas BD Promotores Colombia SAS (que es la que se está liquidando), BD Cartagena SAS, e International Food Service SAS, entre otras razones sociales (…).
En su comunicación el grupo de exempleados manifestó, “Formamos parte del equipo de trabajo encabezado por el Sr Venerando Lamelas, ciudadano español que reside en Colombia (…). Llegó al país en 2008 con su empresa BD Promotores, la cual era cabecera de un grupo de promoción inmobiliaria y construcción en Barcelona.
Según relatan los trabajadores, cuando el empresario Lamelas llegó a Colombia, simultáneamente era acusado en España por estar vinculado en los procesos de Agrupación Mutua. una compañía de seguros española presidida en ese entonces por Félix Millet, quien hoy se encuentra en la cárcel por el caso Palau.
Detallan que la directiva de Millet incluyó a BD Promotores, en una gran operación inmobiliaria llamada BD-Laderos 98 como se llamaría más tarde la empresa, y por la cual la Fiscalía española abrió a Venerando Lamelas una investigación por los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa y falsificación en documento mercantil, además del incumplimiento en pagos a empleados de otra de sus empresas en España.
En cuanto a Colombia, el auto 860 de la Superintendencia de Sociedades detalla que cuando aceptó a la empresa BD Promotores Colombia en proceso de reorganización en el 2018, certificó que: “La sociedad tiene a cargo obligaciones vencidas por aportes al sistema de seguridad social por valor de $135.582.673, y resalta que desde 2016 se les dejaron de hacer los aportes a cesantías.
Con otras cifras que evidencian el desplome económico de la obra. Desde enero de 2018, dejó de pagar seguridad social, suma que asciende a los $1.500 millones; sin embargo, a los empleados siempre se les descontaba por nomina el valor correspondiente.
También durante el año 2018 empezaron a incumplir con los correspondientes pagos de salarios y primas, aún después de acogidos a la ley 1116 de 2006, en el caso de BD Promotores Colombia, cuando se supone debían normalizar estas obligaciones para poder continuar con el proceso de reorganización; dejaron de realizar los pagos ordinarios de nómina de todas las razones sociales, limitándose a pequeños ‘abonos’ que variaban entre los $50.000 a $200.000 mensuales, resalta el organismo de control.
Los testimonios de los ex empleados de BD Promotores reflejan una gran angustia después de 2 o 3 años de haber trabajado sin recibir sueldo. “Creíamos, teníamos confianza. Siempre nos reunían y nos convencian que siguieramos al pie del cañón. Pero ahora, necesitamos que nos escuchen. Llevamos mucho tiempo en esta pelea. Todo el mundo se lava las manos. Hemos visto a mucha gente pero es increible la impotencia que sentimos”.
Otra exempleada de BD Promotores señaló “en nuestro país el trabajador es poco escuchado. Que una persona extranjera, con antecedentes, venga a Colombia, haga y deshaga a su gusto, que bloquee tantas puertas, es inaudito. Nos sentimos desprotegidos, anulados completamente. Queremos que nos ayuden a hacer respetar nuestros derechos que nos corresponden por tantos años de trabajo”.
Una situación que similar a la que atraviesan inversionistas y propietarios. Con la noticia de la apertura del proceso de liquidación de BD Promotores, las dudas también se han hecho sentir en el sector de los inversionistas del hotel y comercio, también por parte de los propietarios de oficinas y comercio. La pregunta que viene sin cesar es ¿qué va a pasar con el proyecto que aún se encuentra en fase de construcción?
Si bien, Acción Fiduciaria precisó en su último informe de rendición de cuentas que: “Durante los últimos dos años (2019 y 2020), la constructora Grupo Aluman estuvo trabajando en el Proyecto bajo un contrato de obra suscrito con BD Promotores Colombia S.A.S., con el fin terminar las obras totales del Complejo Inmobiliario, iniciando por la torre Norte (Sector de vivienda y oficinas), cuyas obras a la fecha se encuentran concluidas, y posteriormente, con la intervención de obras en la torre sur (Sector hotelero)”, para los propietarios de apartamentos y oficinas, nada más lejos de la realidad.
Los propietarios de oficinas y de vivienda, así como los inversionistas del hotel y comercio, también se han organizado en un grupo para defender sus intereses. A través de este han dejado constancia, con cerca de 200 derechos de petición y 300 acciones de tutela, sobre la falta de terminación de la obra, los problemas de electricidad, infraestructura, de terminación de zonas comunes y la no entrega de depósitos, parqueaderos o apartamentos. Estos documentos fueron enviados a las Superintendencias Financiera, de Sociedades y de Industria y Comercio; al Ministerio de Trabajo, la Procuraduría y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.
Al respecto, uno de los abogados que representa a los afectados indicó, “la única respuesta que hemos recibido es la indiferencia tanto de la empresa como de los organismos de control”.
Varios propietarios entrevistados, tanto de oficinas como de apartamentos, explican las dificultades especialmente con la energía eléctrica que se corta con frecuencia, lo cual significa problemas también con el acueducto, con el internet; los ascensores fallan con frecuencia, sólo dos están en uso, de los cuatro que se instalaron, o bien la no terminación de zonas comunes.
También hay problemas de inundaciones en los sótanos séptimo y sexto que han impedido que se haga entrega de algunos parqueaderos y depósitos, los cuales fueron pagados en su totalidad. “Hicimos un préstamo para comprar el apartamento. Todavía estamos pagando el crédito hipotecario. Y logramos arrendarlo, pero nuestro inquilino se queja con frecuencia del problema de ascensores o de la inseguridad”, denunció uno de los inversionistas.
En la misma inseguridad, pero relacionada con el futuro de su inversión en la que se encuentran los adquirientes de los Fidi (Figura Internacional de Derecho Fiduciario Inmobiliario), creados por BD Promotores. Estos derechos fiduciarios permitieron a pequeños inversionistas participar en el proyecto inmobiliario. En el sector hotel se comercializaron dos tipos de Fidi: larga estancia (602), y corta estancia (3000). Y para la zona comercial, se dividieron en dos fases. La fase 1 (1700) y la fase 3 (1700).
Cada Fidi tuvo un monto variable que dependía según la ubicación. Varios inversionistas han hecho un promedio calculado que la inversión por, cada participante (aproximadamente 7000), fue de $50 millones. Entonces, de ahí a preguntarle a Acción Fiduciaria: “¿Cuáles son las razones económicas o financieras por las cuales el proyecto no se ha culminado a pesar de haberse superado la etapa previa y haber alcanzado el punto de equilibrio?”, se cuestiona, sin respuesta precisa de la entidad financiera, otro de los propietarios.
De todo el proyecto que prometió ser el rascacielos más grande de Colombia, el hotel es la pieza clave, tanto por su situación de inacabado como por lo que implica el desfase económico de todo el proyecto, tal como lo afirma la misma fiduciaria: el hotel no está reactivado: “El fideicomitente desarrollador y su contratista, Grupo Aluman Colombia han discutido el alcance y presupuesto para la terminación sin un resultado concreto”.
Acción Fiduciaria ha explicado recientemente que: “La llegada de la pandemia y las restricciones de movilidad, limitaron las actividades y obligaron a parar la obra, dejando el proyecto en las actuales condiciones y generando entre el constructor y el promotor controversias asociadas al pago de las obras adelantadas”.
Los inversionistas de hotel también refutan este análisis. “En el 2009 recibí correos diciendo que la obra estaba atrasada. Diez años después la obra no se ha entregado, y habían prometido hacerlo para el 2014. Acción Fiduciaria se lava las manos diciendo que ahí está el proyecto. Pero ¿qué hace uno con un edifico como un esqueleto? Si ya estamos en un 70% del valor, si ya se logró el punto de equilibrio, si se vendió el metro cuadrado bien elevado, ¿qué pasó, entonces? ¿Por qué ahora dicen que es problema de la pandemia? Me siento estafado. Uno no sabe a quién creerle”, dice otro inversionista, quien pidió el anonimato.
Acción Fiduciaria, en indagación por la Superintendencia de Industria y Comercio, considera que, ante el ingreso de BD Promotores Colombia en el proceso de liquidación, “uno de los objetivos principales es definir la continuidad de Grupo Aluman como constructor del proyecto, explorando alternativas de asociación que permitan culminar la etapa constructiva del proyecto y su puesta en operación. Así mismo, estamos en conversaciones con Banco Davivienda como entidad financiadora del proyecto para lograr alternativas que permitan cubrir las obligaciones existentes y continuar el desarrollo”.
La sociedad fiduciaria ha hecho énfasis en que esta sociedad “no es parte del contrato de obra, ni de las responsabilidades que de éste desprenden, las cuales recaen en BD Promotores, exclusivamente”. Precisamente, Si BD Promotores Colombia entró en proceso de liquidación, los inversionistas han preguntado a través de un documento enviado Acción Fiduciaria “¿cuáles fueron las situaciones que han afectado el proyecto inmobiliario y la ejecución del fideicomiso, bien sea por responsabilidad de los fideicomitentes, del constructor y/o del fiduciario? Todos esperan soluciones y responsables y el edificio podría convertirse en un elefante blanco, en pleno corazón de Bogotá.
Frente al gestor de la obra, el empresario español Venerando Lamelas, según registros de la Fiscalía, se evidenció que no hay ningún proceso en marcha en su contra, tampoco contra la empresa responsable del proyecto.
Así, el Hotel Bacatá sigue siendo hoy el emblema de una historia de la capital colombiana. Primero, en 1968, cuando fue construido por la firma Meléndez Sáenz Arquitectos, como un ejemplo de diseño moderno y vanguardista, tanto que, en los años 70 y 80, el Bacatá vivió su época de oro. Allí se alojaron empresarios, políticos extranjeros y de Colombia, turistas, todo tipo de personajes, hasta el entonces adolescente Miguel Bosé o la reina de la salsa, Celia Cruz.
Después de 42 años de brillar en el centro histórico, el hotel fue demolido para dar paso a la construcción del que prometió ser el rascacielos más alto del país con vivienda, centro comercial, oficinas, terraza panorámica, restaurante y biblioteca.
El proyecto prometía ser el eje de la recuperación del deteriorado centro de Bogotá. A pocos metros de la Procuraduría, el Palacio de Justicia, la Casa de Nariño y no muy lejos de la Fiscalía, con los bolsillos rotos, trabajadores, inversionistas, propietarios y contratistas claman justicia.
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