Por Lucas Cardona Camargo
Desde lo institucional, la actividad deportiva en Colombia también genera dilemas judiciales, y sin que el Ministerio del Deporte cumpla aún un año de funciones ya evalúa la forma de enfrentar el cúmulo de demandas ciudadanas.
Según un informe reservado y preparado por esta entidad, con corte al 31 de marzo de 2020, es decir, por los mismos días en que empezó la cuarentena obligatoria por el coronavirus, existen 134 procesos judiciales pendientes de resolverse en juzgados, tribunales y cortes, cuyas pretensiones económicas son de $88.400.373.756.
Este listado de procesos judiciales pendientes incluye demandas de tipo laboral, acciones de nulidad y restablecimiento de derechos, casos de reparación directa, acciones populares, peleas contractuales y procesos ejecutivos.
En algunos casos, la antigua Coldeportes es el demandante contra algunos departamentos, pero en la mayoría de los procesos judiciales es la entidad demandada, al igual que otras dependencias públicas dedicadas a la infraestructura deportiva. Hasta la Federación Colombiana de Fútbol aparece como demandante contra Coldeportes.
Hay litigios de todo tipo. Muchos de ellos laborales con un denominador común: la mayoría de este tipo de acciones son contra Coldeportes o el municipio de Ibagué.
También está pendiente la pelea por los derechos del club de fútbol profesional Real Sincelejo, que tiene que ver con la pugna judicial que ha dado el padre de crianza del jugador James Rodríguez, Juan Carlos Restrepo, por un caso que terminó también en la justicia penal. Así mismo, el registro de demandas incluye una de la Federación Colombiana de Hockey sobre hielo contra Coldeportes.
Llaman la atención algunos casos como una demanda de la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras contra Coldeportes, radicada en un juzgado civil de Santa Marta; lo mismo que una iniciada en Popayán por el Consejo Comunitario Renacer Negro Timbiquí, también por una acción de restitución y formalización de tierras.
También se tramita un proceso de similar índole, de la Asociación Vivienda Comunitaria Nuevo Amanecer contra el municipio de Concepción, en Norte de Santander y Coldeportes. El caso está radicado en Medellín.
Sin embargo, la demanda con mayores pretensiones económicas es una de Coldeportes contra el departamento del Tolima y la alcaldía de Ibagué. Un proceso contractual tazado en $15.617 millones.
De igual modo, en un juzgado de administrativo de Cartagena está radicada una demanda de reparación directa contra Coldeportes, que pretende una indemnización de $6.603 millones.
Buena parte de las demandas están radicadas en Bogotá e Ibagué, pero también hay en Valledupar, Florencia, Cartagena, Girardot, Manizales, Quibdó o Sogamoso.
El alto número de demandas contra entidades deportivas oficiales, de carácter nacional, departamental y municipal explica porque el Ministerio del Deporte, el pasado lunes 18 de mayo expidió una resolución para crear un Comité de Conciliación de Defensa Judicial.
La norma tiene como propósito garantizar una mejor acción del Estado en esta materia. Dicha resolución aclara que el Comité de Conciliación del Ministerio del Deporte deberá promover políticas para la prevención de daños jurídicos y la defensa de los intereses de la entidad.
El Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio del Deporte será integrado por el ministro, el viceministro, los jefes jurídicos y los ordenadores del gasto, y la idea complementaria es que en sus sesiones pueda participar también, con voz y voto, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Además de la defensa judicial, el Comité deberá evaluar las causas que están generando los conflictos y los casos que ya han sido fallados, para prevenir que en el futuro exista una repetición de errores.
La resolución fue firmada por el ministro del deporte, Ernesto Lucena Barrero, y en 41 artículos se regulan aspectos como los deberes de los abogados que van a representar al Ministerio del Deporte.
Allí se establece tambíen el procedimiento para los casos que deban ir a conciliación, el reglamento interno del comité y todos los aspectos pertinentes a los impedimentos que se puedan presentar por parte de quienes integren este organismo creado para buscar que no sigan creciendo las demandas contra entidades deportivas, y más bien esos dineros se usen para nuevas inversiones.
El corte de marzo de 2020, con el elevado valor de la pretensión económica de los demandantes, tasado en $88.400 millones, contrasta con el presupuesto anual del Ministerio del Deporte estimado en $553.000 millones. En otras palabras, el monto de las peleas judiciales es casi al 20% de lo planeado para ejecutar.
Aunque en algunos casos Coldeportes es el demandante, es claro que el balance de procesos judiciales realizado por el Ministerio del Deporte justifica que se haya creado un comité de defensa judicial para evitar tanto lío en juzgados, tribunales y cortes.
