Piden sancionar al Inpec por vertimiento de aguas residuales en cárcel de San Andrés

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés que inicie un incidente de desacato contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) por incumplir la sentencia relacionada con el vertimiento de aguas residuales domésticas en la cárcel Nueva Esperanza.

El ente de control afirmó que, a pesar de las medidas cautelares ordenadas por el tribunal desde 2022 y del fallo de acción popular que protegió los derechos colectivos de los habitantes de San Andrés, las descargas intermitentes de aguas residuales continúan en el sector de Schooner Bight debido a la falta de un sistema adecuado para su manejo y recolección.

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Además, advirtió que tanto el Inpec como la Uspec han incumplido de manera irresponsable y deliberada la orden judicial emitida en 2022, que exige la remoción de las tuberías que desembocan en los predios vecinos, para evitar afectaciones a los residentes de las zonas cercanas a este centro carcelario.

La Procuraduría refirió que en visita de seguimiento efectuada a la cárcel Nueva Esperanza, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés (Coralina) evidenció una infracción ambiental relacionada con la prohibición de verter aguas en calles, calzadas y canales o alcantarillados para aguas lluvias. 

Finalmente, el Ministerio Público aseguró que adelanta esta actuación con el fin de garantizar, entre otras, el goce de un ambiente sano y la salubridad pública, de conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley. 

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