Gobierno reglamenta interrupción voluntaria del embarazo

A través de la Circular 024150000000009-5 el Gobierno Nacional garantiza el derecho de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para las mujeres y las personas con capacidad de gestar.

El documento destaca varios puntos clave, entre los que se incluye la obligación de garantizar la "atención integral y el acceso efectivo a la IVE en cualquier momento del embarazo" para mujeres (niñas, adolescentes y adultas) y personas gestantes (incluidos hombres trans y personas no binarias en cualquier etapa de su ciclo vital). Esto se aplica a embarazos de hasta 24 semanas, de acuerdo con la voluntad de la persona.

Asimismo, en casos de embarazos mayores a las 24 semanas, en los cuales la jurisprudencia permite tres causales legales para el aborto, se debe garantizar el cumplimiento integral y oportuno de este derecho sin apremios.

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"Es importante avanzar en circulares como esta, que nos permitan garantizar el derecho fundamental de la salud a todas las personas y acompañar los procesos que tienen que generar transformación a nivel social para que estos derechos realmente logren ser efectivos", expresó el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal.

Otro aspecto destacado en la normativa es la prohibición de imponer barreras administrativas o de atención, así como evitar ejercer violencia obstétrica o prácticas discriminatorias que busquen disuadir a las mujeres y personas gestantes de solicitar y acceder a la IVE.

Esta normativa, la primera del gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el tema, respalda el cumplimiento de 12 sentencias que sustentan la interrupción voluntaria del embarazo.

Según datos proporcionados por la SuperSalud, entre 2017 y abril de 2024 se registraron 22.150 Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD). De estas, el 63% estaban relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y estaban vinculadas con restricciones en el acceso al servicio, como negaciones y demoras injustificadas.

Además, se identificaron barreras en el acceso a tecnologías y servicios de salud, así como deficiencias en la efectividad de la atención y en la disponibilidad de recursos adecuados.

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