Crece violencia y acoso sexual en colegios de seis departamentos

La Procuraduría General de la Nación tiene puesta la mira en atender y dar una respuesta eficaz y oportuna a los casos de violencia y abuso sexual que se han incrementado en los colegios, por eso, en las últimas horas profirió una serie de decisiones en procesos que cursan en seis departamentos del país. 

Como resultado de las actuaciones disciplinarias adelantadas para combatir este tipo de conductas que constituyen una vulneración de derechos, y traen secuelas irreparables para las víctimas y sus familias, la Entidad disciplinaria destituyó e inhabilitó a dos docentes, formuló cargos a tres más, y abrió dos indagaciones, la primera contra funcionarios por establecer, y la segunda, al docente Jorge Eliécer Polo Pomares, quienes, supuestamente, estarían incursos en conductas inapropiadas.

En Samacá, Boyacá, en fallo de primera instancia destituyó e inhabilitó por 15 años al docente de la Institución Educativa Salamanca, Luis Hernando Rodríguez Betancourt, por actos sexuales diversos del acceso carnal contra una menor de 14 años.

Lea también: (Corpourabá: cargos a directora por uso indebido de dineros)

Así mismo, el ente de control comprobó, en decisión de primera instancia, que el entonces profesor de Tecnología de Informática y Sistemas, Laureano José Medina Catalán, acosó sexualmente a estudiantes menores de edad de su clase, reiterando la conducta con varias de ellas, a quienes pedía ir a un local para estar solos, “hacer travesuras y hacer cosas ricas” y “probar sus labios”.

Además, les tocaba las piernas y los senos, les realizaba caricias no consentidas, les desabrochaba la camisa y les besaba la boca a la fuerza. Por estos hechos ocurridos cuando estuvo asignado al Centro Educativo José María Benavidez Macea, en el municipio de Santa Ana, Magdalena, el profesor, fue destituido e inhabilitado por 13 años. 

En otros tres departamentos, la Procuraduría formuló cargos a quienes, al parecer, incumplieron su deber de garantizar los derechos fundamentales a la vida e integridad de los niños y niñas que tienen a su cuidado. 

En Santander, fue afectado Andrés Leonardo Romero Durán, educador vinculado al Instituto Empresarial Gabriela Mistral, de Floridablanca, por supuestos tocamientos indebidos en diferentes partes del cuerpo a niñas de los grados 4°. y 5°. en los salones de clases, con lo que incumplió, al parecer, el deber que le asistía de formarlas y protegerlas. 

En Palermo, Caldas, la Procuraduría también formuló pliego de cargos al docente de aula primaria al servicio de la Institución Educativa Nacional de Auxiliares de Enfermería, por presunto acceso carnal violento a una de las estudiantes, a quien habría amenazado con hacerle daño si contaba lo sucedido.

También se formularon cargos a Roberto Alonso García Amaya, maestro de la Institución Educativa Técnico Comercial de Jenesano, Boyacá, por posibles tocamientos indebidos a dos estudiantes de su clase de Redes y Proyectos quienes manifestaron su incomodidad con "los manoseos del profesor". 

Además de ello, la Entidad indaga a funcionarios de la alcaldía de Cúcuta, Norte de Santander, para establecer si activaron la ruta de atención tras hechos denunciados en audios que habrían sido grabados por estudiantes, en los que aparentemente, un profesor de la Institución Educativa Claudia María Prado, sede hermano Rodulfo Eloy, inducía a sus alumnas a la práctica de actos sexuales con la finalidad de mejorar sus calificaciones.

En Aracataca, Magdalena, la Procuraduría abrió indagación previa para determinar la presunta responsabilidad del docente, Jorge Eliecer Polo Pomares, frente a las denuncias hechas por estudiantes y medios de comunicación locales, referentes a haber acosado sexualmente, y explotado con fines comerciales a una menor de edad, así como por haber ofrecido dinero a varias de sus estudiantes a cambio de que accedieran a sus pretensiones sexuales.

Contando los casos anteriores (6), en lo corrido de 2023 el Ministerio Público ha proferido un total de 18 decisiones disciplinarias en los departamentos de Boyacá (2), Magdalena (2), Santander (3), Caldas (2), Norte de Santander (3), Cesar (1), Nariño (1), Putumayo (2), Antioquia (1) y Sucre (1).

En materia preventiva, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), adoptar las medidas de emergencia y de protección necesarias para la promoción del adecuado abordaje y restablecimiento de derechos de una estudiante que habría sido acosada sexualmente por el coordinador de la Institución Educativa (IE) Chiloé de Soacha, Cundinamarca.

Esta situación fue dada a conocer por la orientadora del colegio, quien señaló que el presunto agresor sigue asistiendo a clases sin ninguna restricción, pese a haber informado lo ocurrido a varias entidades, entre ellas, la Secretaría Municipal de Soacha, a la que requirió reportar las acciones realizadas por la IE frente a este caso.  

Lea también: (Video: incendio forestal en Icononzo, Tolima, es atendido por Fuerza Aeroespacial Colombiana)

Ante las alarmantes cifras de acoso sexual y escolar, así como de violencia de género en los colegios del país, el Ministerio Público visitó 119 establecimientos educativos priorizados a nivel nacional, y elaboró el informe de ‘Vigilancia al abordaje del acoso escolar y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en entornos educativos’.

Resultado de esta actuación, encontró que el 47 % de las instituciones reportaron que algún miembro de la comunidad educativa ha estado involucrado en casos de violencia sexual y, en menor medida, en los de acoso escolar.

Asimismo, advirtió que un 72 % reportó dificultades para articularse con las secretarías de Educación y tomar decisiones inmediatas para reubicar al presunto agresor en cualquier otro cargo, lejos de sus víctimas, mientras se adelantan las investigaciones a que haya lugar. 

Por último, la Procuraduría sentenció que esta situación muestra que en la activación de las rutas de atención integral para la convivencia escolar existe una alta probabilidad de que se genere la revictimización de niños, niñas y adolescentes, en especial en los casos de violencia sexual.

Otras noticias