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Advertencia de la Procuraduría: crisis económica de las EPS podría tener profundos efectos en el país
Gremio de las EPS proponen directrices para dialogar con ministro de Salud y buscar soluciones.
Luego de que las tres EPS más grandes del país (Compensar, Sanitas y Sura) advirtieran dificultades económicas para seguir operando a finales del mes de septiembre y que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, minimizará el impacto financiero. La Procuraduría hizo referencia avisando crisis en la salud si el gobierno no acata el aviso.
El Ministerio Público advierte graves consecuencias para la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos, ante los informes de la crisis financiera que enfrentan las Entidades Promotoras de Salud (EPS) ante la entidad.
Las agremiaciones de las EPS, así como algunas de estas entidades que operan bajo los regímenes contributivo, subsidiado y directo, han alertado a la Procuraduría sobre su complicada condición financiera.
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Esta situación podría poner en riesgo la capacidad de asegurar la calidad y la prontitud en el acceso a los servicios de salud para la población.
Entre estas causas destacan el pago inoportuno y la deuda actual derivada de servicios no financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los cuales corresponden al ministerio de Salud, específicamente los recobros No PBS (hoy denominados presupuestos máximos).
De la misma forma, han indicado que se ha hecho un cálculo insuficiente de la UPC, es decir de los recursos con los que se garantizan los servicios del Plan de Beneficios en Salud a que tienen derecho los usuarios.
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"Esta insuficiencia de recursos obedece a fenómenos como la inflación, los cambios demográficos, la creciente inclusión de nuevas tecnologías en el Plan de Beneficios, el aumento en la frecuencia de uso de los servicios derivados de la incertidumbre por una eventual reforma al sistema", dice la Procuraduría.
Además de: "los efectos Long covid-19 de mediano y largo plazo las liquidaciones de EPS que generan traslados masivos de usuarios con mayores necesidades y la concentración asimétrica de cargas de enfermedad en algunas entidades promotoras de salud".
Por consiguiente, la Procuraduría ha solicitado al Gobierno Nacional que, a través del Ministerio, se lleve a cabo una revisión tanto de la metodología empleada para determinar el valor de la UPC como de los procedimientos administrativos relacionados con el reconocimiento y la compensación de los servicios que no son financiados a través de la UPC.
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