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Retrasos en subsidios de energía aumentan riesgo de racionamiento en el Caribe y otras regiones
El incumplimiento en el pago de subsidios a empresas de energía por parte del Gobierno Nacional podría dejar sin servicio a más de 10 millones de personas.
La Contraloría General de la República ha alertado sobre una situación crítica que pone en riesgo la continuidad del servicio de energía eléctrica para más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada).
De acuerdo con la entidad, el Ministerio de Minas y Energía ha retrasado el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio de energía, lo cual podría derivar en un racionamiento o incluso la suspensión del servicio.
Riesgo de racionamiento por falta de subsidios
Los subsidios a las empresas prestadoras de energía dependen de la asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y su falta de pago puede tener consecuencias graves para los usuarios en distintas regiones del país. A pesar de la magnitud del problema, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, encargadas de la vigilancia de estos servicios, no han tomado acciones visibles.
Medidas urgentes y regularización de pagos
El Contralor General ha hecho un llamado urgente al Gobierno nacional, ministerios y superintendencias para que adopten las medidas necesarias para evitar la afectación en la prestación del servicio de energía. Entre las acciones recomendadas, destaca la regularización del giro oportuno de los subsidios de energía.
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Factores que agravan la crisis
La problemática no se limita solo a los subsidios. Entre los factores que agravan la situación se encuentran el impago de recursos a las empresas prestadoras debido a la “opción tarifaria” implementada durante la pandemia, que congeló las tarifas para aliviar los gastos de los hogares. Además, el incumplimiento de los operadores de red con el mercado mayorista de energía afecta especialmente a las empresas de la Costa Caribe.
La suspensión del servicio de energía no solo impactaría a los hogares, sino que también tendría un efecto dominó sobre otros servicios esenciales como salud, educación, comercio y acueductos, generando una crisis de amplio alcance en las comunidades afectadas.
Previas advertencias de la Contraloría
La Contraloría ya había advertido sobre los riesgos en la prestación del servicio de energía en la Región Caribe en estudios realizados en 2022, donde se subrayó la importancia de garantizar los pagos de subsidios y consumos de usuarios para la sostenibilidad del servicio.
Además, la Contraloría ha señalado que muchas entidades públicas locales no han garantizado los fondos necesarios para el pago de servicios públicos domiciliarios, lo que podría constituir una falta disciplinaria contra la hacienda pública. Ante esta situación, se realizarán traslados a la Procuraduría General de la Nación para investigar posibles responsabilidades disciplinarias.
La Contraloría reitera que es imperativo que el Gobierno y las entidades responsables tomen medidas efectivas para asegurar la prestación continua y segura del servicio de energía, evitando así un colapso que impactaría a millones de ciudadanos.
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