Procuraduría solicita medidas cautelares para proteger la Sierra Nevada de Santa Marta

La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la implementación de medidas cautelares para proteger los 348 sitios sagrados de la Sierra Nevada de Santa Marta y garantizar la no repetición de daños a los bienes culturales y territoriales de las comunidades indígenas Arhuaca, Kogui, Wiwa y Kankuama.

La solicitud, presentada el 31 de agosto de 2024, busca preservar el patrimonio material e inmaterial de la región, que ha sido gravemente afectado por el conflicto armado y las violaciones a los derechos humanos. La Procuraduría destaca que los sitios sagrados, conocidos como la “Línea Negra”, son vitales para la identidad cultural y espiritual de estas comunidades.

Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, delegado con funciones de coordinación de intervención ante la JEP, explicó que la solicitud es el resultado de dos años de trabajo conjunto con las comunidades y más de 16 encuentros interculturales. Según Acosta Aristizábal, esta acción busca contrarrestar las agresiones sufridas por estos pueblos y prevenir futuras violaciones.

La JEP ha calificado esta solicitud como “histórica” debido a su alcance y la conexión con varios macrocasos de conflicto, incluidos los relacionados con la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá. Christian Wolffhügel Gutiérrez, otro delegado de la Procuraduría, subrayó que la medida busca proteger tanto el territorio como a las personas, garantizando derechos fundamentales y evitando la repetición de daños.

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La Sierra Nevada de Santa Marta, reconocida por la Unesco en 2022 como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ha sido identificada por la JEP como un territorio víctima del conflicto armado. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha acreditado a los pueblos indígenas de la región como sujetos colectivos de derechos, reconociendo los graves daños sufridos durante el conflicto, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas y destrucción de sitios sagrados.

El proceso judicial de la JEP también ha considerado el vínculo especial de estos pueblos con su territorio, tal como lo estipula el artículo 3 del Decreto Ley 4633 de 2011. La protección de los planes de vida y los derechos a la autodeterminación y autonomía de estas comunidades es fundamental para el desarrollo de las medidas cautelares solicitadas.

La solicitud de la Procuraduría es un paso crucial hacia la protección efectiva de los derechos y el patrimonio de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, subrayando la necesidad urgente de medidas para asegurar la preservación de su cultura y territorio.

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