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Millonaria condena a policía por actos de tortura a una joven por el color de su blusa
Argumentos de una decisión de la justicia que castiga con dureza acciones inaceptables.
En un fallo condenatorio sin precedentes, la Policía ha sido responsabilizada por actos de tortura y ultrajes infligidos a Irma Juliet Usaquén Rueda, una joven de 19 años ilegalmente detenida hace siete años en Neiva, por sospechas basadas simplemente en el color de su blusa.
En el centro de este caso infame estaba la suboficial Jeimy Marcela Rodríguez, cuya mala decisión y abuso de autoridad casi le costó la vida a Usaquén Rueda, según reportó La Nación.
Los hechos que provocaron este caso judicial de alto perfil comenzaron el 21 de diciembre de 2015 en el barrio Los Pinos de Neiva, cuando la joven Usaquén Rueda, que estaba embarazada de un mes, fue abordada por una mujer policía que increpó la blusa de color rojo que llevaba. Este color coincidía con la descripción dada por una víctima de robo de motocicleta en el barrio Los Laureles. Sin embargo, la única "prueba" en contra de Usaquén Rueda era el color de su blusa.
Una vez detenida, Usaquén Rueda fue sometida a un terrorífico episodio de violencia. Tras ser trasladada a un sector deshabitado del barrio Villa Cecilia, fue sometida a una serie de agresiones físicas. Los agentes la golpearon repetidamente, le pisaron los dedos de las manos y los pies, y le introdujeron estiércol y estupefacientes en la boca. Este abuso extremo se interrumpió solo con la llegada de una patrulla del Ejército que custodiaba las viejas baterías petroleras de Campo Tello.
Lo que siguió fue un intento burdo de encubrimiento por parte de la policía. En un informe sobre la detención, los oficiales intentaron atribuir las heridas de Usaquén Rueda a múltiples caídas durante un supuesto intento de fuga. Esta versión fue desmentida por un examen forense que confirmó las secuelas de la brutal golpiza.
El dictamen clínico reveló que la mujer presentaba múltiples hematomas en la cara, cabeza y cuello, junto con quemaduras de segundo grado en el muslo y la pierna derecha. Esta evidencia contundente llevó a un juez de garantías a declarar ilegal la detención de Usaquén Rueda, ordenando su inmediata liberación.
En respuesta a estos actos impactantes de violencia, los agentes implicados - la suboficial Jeimy Marcela Rodríguez, Jeison Arley Palacios, Joan Manuel Álvarez y el teniente Cristian Felipe Arteaga Santa Cruz - fueron procesados penal y disciplinariamente. Finalmente, fueron condenados por los delitos de tortura agravada, lesiones personales, privación ilegal de la libertad, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, y recibieron penas de 96 meses de prisión.
El fallo del tribunal también obligó a los ex agentes a pagar una multa de 419 millones de pesos y los inhabilitó para el servicio público durante el mismo período de tiempo. A pesar de apelar la decisión y solicitar la prisión domiciliaria, la petición de la suboficial Rodríguez fue rechazada, resaltando la gravedad de sus acciones.
Además, la Policía Nacional fue condenada a pagar una indemnización económica a Usaquén Rueda por los daños sufridos, destacando que los oficiales implicados abusaron de su condición de servidores públicos y actuaron en total contravía del marco legal y reglamentario que regula la institución.
La apelación de la Policía fue rechazada, subrayando que los actos de violencia contra Usaquén Rueda fueron realizados por miembros de la Policía Nacional en servicio y, por lo tanto, la entidad era responsable.
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