Medidas de choque de Gobernación del Valle contra banda ‘La Inmaculada' tras disturbios en Tuluá 

En un reciente despliegue de acciones para contrarrestar la creciente ola de violencia en Tuluá, Valle del Cauca, se ha intensificado la presencia de las fuerzas del orden público. 

Este conjunto de medidas se implementa en respuesta a una serie de actos delictivos atribuidos al grupo conocido como La Inmaculada, que incluyen el homicidio de dos individuos, la incineración de múltiples vehículos y la generación de disturbios en diversas zonas de la localidad. 

Entre las víctimas se encuentra un agente de la Policía de Tránsito, cuyo asesinato, junto con el de otra persona, marcó el inicio de una cadena de eventos que culminó con la decisión de militarizar la ciudad y establecer un toque de queda, según declaraciones oficiales.

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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha manifestado mediante su perfil en la plataforma digital X, la adopción de estas medidas con el fin de restaurar y garantizar la seguridad y la paz entre los ciudadanos de Tuluá. 

La coordinación de estas acciones se lleva a cabo en colaboración con la Policía Nacional, el Ejército y el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez. Este último ha implementado adicionalmente restricciones como la prohibición del transporte de pasajeros en motocicleta, conocido localmente como "parrillero".

La situación de seguridad en Tuluá se vio particularmente afectada tras la captura de uno de los presuntos líderes de La Inmaculada, identificado como Mauricio Marín Silva, alias 'Nacho'. 

Esta captura se realizó tras meses de seguimiento en una operación en zonas rurales del municipio, destacando a Marín Silva como hermano de otro importante cabecilla de la misma organización, responsable de numerosos actos de extorsión en la región. 

La detención de 'Nacho' parece haber desencadenado una serie de represalias que perturbaron la tranquilidad del municipio, especialmente el domingo siguiente a su captura.

En respuesta a estos desafíos a la seguridad pública, la gobernadora Toro ha solicitado apoyo al Gobierno nacional para implementar medidas más estrictas, incluida la incomunicación de los líderes de La Inmaculada detenidos, con el objetivo de prevenir futuras coordinaciones delictivas desde las prisiones.

La firmeza del Gobierno frente a los desafíos impuestos por bandas criminales ha sido reiterada por el presidente Gustavo Petro, quien, a través de una publicación en X, afirmó la determinación del Estado de no ceder ante chantajes de grupos delictivos. 

Esta postura se ve reforzada por las acciones concretas tomadas en Tuluá, que buscan no solo atender la emergencia actual sino también sentar un precedente claro contra la impunidad y la violencia organizada.

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