Líos por millonario negocio de acueducto por $7.481 millones de dos alcaldes

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, y el exalcalde, Juan Carlos Suaza Móvil, (2018 – 2019) por presuntas irregularidades en la puesta en marcha del sistema Integral de acueducto y alcantarillado en el corregimiento de Camarones, Riohacha, financiado con recursos de regalías por $ 7.481.132.237.

El Ministerio Público pudo establecer que aun cuando las obras de construcción del acueducto y alcantarillado para el corregimiento de Camarones, fueron terminadas y entregadas a satisfacción desde el 14 de noviembre de 2018, estas nunca habrían sido puestas en funcionamiento por el alcalde del momento ni por su sucesor y en cambio, se han ido deteriorando y están siendo desmanteladas por delincuentes.

“Se constató que la geomalla textil de las lagunas de oxidación de la PTAR había sido hurtada y que la maleza estaba invadiendo la obra, de lo cual obran fotografías en el expediente”, asegura el auto en uno de sus apartes. 

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Frente a las actuaciones del exalcalde Suaza Móvil, el Ministerio Público asegura que el proyecto perdió su derrotero, pues, para el 31 de diciembre de 2019, cuando culminó su mandato, el Sistema, entregado el 18 de noviembre de 2018, aún no había entrado en funcionamiento, perjudicando a toda una comunidad con la falta de suministro del líquido vital, con la ausencia de un adecuado alcantarillado y con el posible despilfarro de los recursos del Estado.  

Con relación a las responsabilidades del alcalde, Bermúdez Cotes, la Procuraduría asegura que existe suficiente material probatorio que indica que, desde el 1° de enero y hasta el 25 de mayo de 2021, posiblemente no realizó ninguna acción administrativa tendiente a garantizar el mantenimiento y operación del Sistema. 

“Al verificar el estado de las obras construidas, estas no están prestando ningún servicio a la comunidad, se evidenció que las obras fueron entregadas, pero no se les tiene garantizados la operación y mantenimiento, lo que pone en riesgo la funcionalidad y la sostenibilidad del proyecto”. agrega el documento.

El cargo endilgado a los alcaldes tiene que ver con presunta falta a su deber de conservar los equipos y bienes confiados a su administración, al no ordenar directamente o contratar durante su mandato el servicio de mantenimiento del referido Sistema. La falta fue calificada provisionalmente como Grave a título de Dolo. 
 

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