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Líos por $7.774 millones en obras inconclusas de aeropuerto de San Andrés
Fallas en construcción de torre de control genera cuestionamientos proceso a contratistas, supervisores, funcionarios y compañía de seguros.
Tras los problemas derivados de fenómenos como el huracán Iota y otros por cambios climáticos en la región, ahora se suman las obras del aeropuerto de San Andrés.
Lo habían advertido en anteriores administraciones los entonces contralores Edgardo Maya y Felipe Córdoba. Ahora la investigación se retoma para reiterar el estado de las obras inconclusas en el archipiélago.
En concreto, se trata de la apertura de proceso de responsabilidad fiscal por $7.774 millones por irregularidades en la construcción de la Torre de Control del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, donde la entidad afectada es la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – Aerocivil.
Se identificó la existencia de un daño patrimonial representado en la perdida de la totalidad de recursos girados al contratista para la ejecución del Contrato N.o 19001314H4 de 2019 para construir la torre.
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“Se evidenció que el daño fue ocasionado por las deficiencias constructivas de la obra, la no funcionalidad, su estado actual como obra inconclusa, el deterioro de la estructura y que las mismas no cumplen ninguna función, lo cual
se traduce en la perdida de recursos públicos ocasionada por una presunta gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente de algunos de los actores que participaron en el desarrollo del contrato y en el manejo de los recursos, ya sea de manera directa o con funciones de vigilancia y cuidado de los mismos”, indicó el organismo fiscal en comunicado.
Ante los hechos fueron vinculados como presuntos responsables fiscales la Constructora Gilli S.A.S y Ludwing Paez Muñoz en calidad miembros del consorcio contratista Guadalupe GL.
A ellos se suma Gonzalo Cárdenas Mahecha y María Consuelo Duran Caro secretarios de sistemas operacionales de Aeronáutica Civil. Así como Aldemar Pinzón, Ceidy Andrea Betín Muñoz, Juan David Henao Moreno y Luis Roberto D Pablos, supervisores.
También se vinculó a Axa Colpatria Seguros S.A como garante en el proceso y se determinó un daño en cuantía de $7.774 millones.
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