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Defensoría denuncia que en un mes se han duplicado los hechos de violencia en el país

En los últimos 30 días las acciones violentas pasaron de 16 a 32 hechos

Defensor Camargo
Por Agencia Periodismo Investigativo | Jue, 23/03/2023 - 20:35 Créditos: Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo reveló que cuatro grupos armados ilegales que se acogieron al Decreto de cese al fuego dictado por el presidente Gustavo Petro, han incrementando sus hechos de violencia en varias regiones del país.

Carlos Camargo, titular de la entidad indicó que en el último mes las acciones violentas pasaron de 16 a 32 hechos que generaron vulneraciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y trasgresiones al cese al fuego.

"Además de causar graves daños a las comunidades, me obligan a decirles a estos grupos armados que se nos agotó la paciencia. Los colombianos esperamos que cumplan con los anhelos de paz que tenemos desde hace años", dijo Camargo.

Explicó además que entre el 18 de febrero y el 17 de marzo del 2023 ocurrieron cuatro acciones violentas directas en el Valle del Cauca, Huila y Cauca (en este último dos casos). Asimismo, ocho confrontaciones armadas en Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Antioquia.

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Acciones bélicas que generaron afectaciones humanitarias para las comunidades como confinamientos y desplazamientos forzados, entre otros.

"Debemos llamar la atención sobre los casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes con pertenencia étnica indígena en Caquetá, Meta, Bolívar Amazonas y Putumayo. Así como otros de desapariciones forzadas, violencia sexual, atentados, restricciones a la movilidad y la libertad y desplazamientos forzados, entre otros, en Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Meta", aseveró el defensor del Pueblo.

Agregó también que se han reportado hechos violentos contra personas en proceso de reincorporación, particularmente en Meta, Antioquia, Vaupés y Cauca.

Finalmente la entidad pidió al Gobierno Nacional mantener las puertas abiertas al diálogo, pero sin poner en riesgo la institucionalidad y la seguridad de los colombianos.

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