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Cárcel a presuntos responsables de homicidio de líder social en los Llanos Orientales

Pruebas técnicas y testimoniales, permitieron establecer que estos hombres al parecer la torturaron en una vivienda y posteriormente habrían llevado el cuerpo en un vehículo hasta una canoa para que fuera arrojado al río.

Cárcel presuntos responsables de homicidio de líder social en los Llanos Orientales
Por Laura Niño | Mié, 14/09/2022 - 08:54 Créditos: Fiscalía

Luz Marina Arteaga Henao fue una médica, lideresa social, mujer defensora de derechos humanos y reclamante de tierras del proceso campesino e indígena de El Porvenir y la Vereda Matarratón en Puerto Gaitán, Meta. Fue reportada como desaparecida el 12 de enero del 2022, cinco días después, su cuerpo fue encontrado abandonado a orillas del río Meta, en la vereda La Esmeralda, en Orocué (Casanare).

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Hernando Melo Tovar, alias Negrura; y Jaumer Fernando Piraban Barrios, como presuntos responsables del homicidio de la líder social.

Luz Marina líder social
Luz Marina líder social/ Colprensa

Pruebas técnicas y testimoniales, permitieron establecer que estos hombres al parecer la torturaron en una vivienda y posteriormente habrían llevado el cuerpo en un vehículo hasta una canoa para que fuera arrojado al río.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a los detenidos los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. Los cargos no fueron aceptados.

Vale la pena recordar que no fue el único caso de violencia que vivió, en 1996 fue víctima de secuestro y desplazada por grupos paramilitares del Urabá antioqueño por las iniciativas que lidero en Orocué, Casanare donde buscaba garantizar el acceso a derechos fundamentales.

Por su liderazgo en el proceso de reclamación de tierras recibió amenazas de muerte que fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes sin que se brindaran medidas de protección acordes a su nivel de riesgo y su situación socio económica, según la organización Frontline Defenders.

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