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Alcaldesa de Santa Marta obligada a cumplir nuevo fallo para el bienestar animal
Virna Johnson enfrenta orden de desacato por falta de atención a animales en la ciudad
La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, vuelve a estar en el ojo del huracán por su falta de atención a los animales de la ciudad.
Un nuevo fallo emitido por el Juzgado Segundo Administrativo de la ciudad ordena a la mandataria a cumplir con un fallo previo tramitado por acción popular que solicitaba el inicio de acciones para el bienestar y cuidado de los animales.
Este hecho se suma al indignante caso del incendio de un refugio de gatos abandonados, que despertó el repudio de la comunidad y puso en entredicho las promesas de la alcaldesa en relación al cuidado de los animales.
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La orden de desacato, emitida este viernes 5 de mayo señala que Johnson habría desobedecido el fallo anterior y le brinda una nueva oportunidad para dar inicio a las acciones solicitadas en diciembre de 2020.
Esta solicitud en cuestión pedía la realización de jornadas permanentes de esterilización y vacunación de los animales, un censo de animales domésticos y callejeros, campañas de educación sanitaria sobre la tenencia responsable, y la construcción del Centro de Bienestar Animal de Santa Marta. Este último debía estar listo en 8 meses, pero como se ha visto, esto no se cumplió.
La orden de desacato exige a Johnson la realización de los programas de esterilización y vacunación permanentes, especialmente para los animales callejeros en toda la ciudad, la actualización del censo de animales domésticos en situación de calle, la construcción del Centro de Bienestar Animal de Santa Marta, promoción de campañas de adopción de animales, ejecución de campañas de educación sanitaria, y entrega voluntaria de mascotas.
Para verificar el proceso, un comité integrado por el juez, el secretario de Planeación Distrital y el Agente delegado del Ministerio público estará a cargo.
En caso de incumplimiento, la alcaldesa de Santa Marta podría enfrentar una pena de hasta 3 meses de prisión o una multa económica de 50 salarios mínimos legales vigentes.
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