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Vuelve y juega: Canciller Álvaro Leyva pide que se revoque su suspensión

Este lunes fue adjudicado el contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons, la misma empresa por la que salió Leyva suspendido.

canciller leyva 24 de enero
Por Agencia Periodismo Investigativo | Lun, 26/02/2024 - 15:24 Créditos: Cuenta X @AlvaroLeyva

Luego que el Secretario General de la Cancillería, José Antonio Salazar, otorgara el polémico contrato de los pasaportes a Thomas Greg & Sons y ser señalado por el presidente Petro de haber 'traicionado' al Gobierno, la defensa del canciller Álvaro Leyva pidió resolver la solicitud de suspensión debido a que "han desaparecido los motivos que le dieron origen".

"La medida de suspensión provisional tuvo sustento en que, para la Sala de Instrucción Disciplinaria, con la permanencia del doctor Álvaro Leyva Durán en el cargo como ministro de Relaciones Exteriores y director de la actividad contractual de la entidad, se posibilitaba la reiteración de las presuntas faltas disciplinarias investigadas", dice el concepto de Mauricio Dueñas, abogado de Leyva.

De esta manera, la defensa de Leyva busca que la Procuraduría levante la suspensión que estaba vigente hasta el 24 de abril. Argumentan que, al invalidarse las decisiones sobre la urgencia manifiesta y la declaración desierta, no hay razón para mantener al canciller Leyva apartado de su cargo.

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El pasado jueves, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la acción de tutela presentada por la defensa del canciller, Álvaro Leyva, argumentando que la Procuraduría no había vulnerado su derecho al debido proceso al decidir suspenderlo por tres meses de su cargo mientras se adelanta el juicio disciplinario por las presuntas irregularidades en la licitación para el contrato de los pasaportes.

En la decisión destaca que la medida es proporcional a la investigación disciplinaria, ya que afirma que calificar el impacto de las presuntas faltas cometidas por Leyva es un asunto que corresponde al Procurador delegado para este caso.

La Sala de Decisión Civil concluyó que la Procuraduría no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso del suspendido Canciller, por lo que mantuvo en firme la sanción provisional por tres meses.

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