Presidente Gustavo Petro le contestó a fiscal Barbosa sobre pago de recompensas

En un contexto electoral marcado por tensiones y debates, el presidente Gustavo Petro ha reafirmado la determinación del Gobierno de seguir adelante con su propuesta de recompensar a la ciudadanía por proporcionar información relacionada con la compra de votos durante las elecciones del próximo domingo 29 de octubre. 

Las críticas del fiscal general Francisco Barbosa, quien había expresado preocupaciones sobre posibles interferencias en el poder judicial, no han logrado cambiar la postura del presidente.

Petro, en un comunicado desde China, afirmó que "las recompensas para aquellos que nos ayuden a ubicar dineros para compra de votos y personas dedicadas a ese delito se mantienen". Sin embargo, el presidente aclaró que no se recompensará únicamente por denunciar, sino por proporcionar información útil, veraz y que arroje resultados positivos. Este sistema de pagos por información se mantendrá enfocado en las denuncias de compra de votos hasta el domingo de elecciones.

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El mandatario también destacó que se han implementado medidas exhaustivas para combatir el delito de compra de votos, que considera la base de la corrupción en Colombia. En este sentido, se ha desplegado a todos los agentes de inteligencia para prevenir y perseguir este delito, asegurando que los autores serán llevados ante la justicia.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, respaldó la estrategia del Gobierno y calificó las críticas del fiscal como "desobligantes". Hizo hincapié en que el sistema de recompensas y pago por información no se limita a simples denuncias, sino que se busca información útil y verificable que tenga un impacto positivo y sea validada por la autoridad judicial.

El Gobierno ya ha puesto en marcha esta estrategia a nivel nacional, priorizando la erradicación de la compra de votos hasta el cierre de las urnas el domingo 29 de octubre a las 4 p.m. 

Se establecerán recompensas de hasta cinco millones de pesos por información sobre casos específicos y hasta $20 millones por denuncias que conduzcan a la ubicación de las casas de compra de votos. La iniciativa busca promover la transparencia y la integridad en el proceso electoral del país.

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