Petro denuncia armas perdidas, pero omite contrato con firma investigada

En el Consejo de Ministros del pasado 7 de abril, el presidente Gustavo Petro reveló una alarmante cifra: 62.264 armas del Estado se encuentran actualmente desaparecidas y no se tiene claridad sobre quién las tiene ni dónde están. La denuncia, respaldada por un informe de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, apuntó directamente al rol que han jugado algunas empresas de seguridad en la infiltración del crimen organizado, afirmando que “la superintendencia sigue construyendo paramilitarismo” y que hombres armados con sello oficial continúan protegiendo a capos del crimen en Colombia.

Petro precisó que bajo su gobierno, 16 licencias de empresas de vigilancia fueron canceladas por tramitaciones irregulares, en las que incluso participaron funcionarios de su administración. “El Estado está cuidando a los criminales con armas oficiales”, sentenció el mandatario ante la opinión pública nacional.

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Sin embargo, el presidente omitió un hecho clave en su alocución: una de las empresas bajo investigación, Pretorian Security Ltda., habría resultado beneficiada con un contrato millonario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante su propio mandato, según denuncias de sindicatos de esa entidad. Pretorian ha sido señalada por entregar armas y credenciales de escolta a miembros de estructuras criminales como el Clan del Golfo, y su representante legal, el coronel (r) Pedro Ruiz, fue capturado en marzo de este año como presunto cabecilla del llamado “cartel de la carnetización”.

A inicios de marzo, la Fiscalía y la Policía ejecutaron operativos en seis ciudades del país —Bogotá, Barranquilla, Doradal, Ibagué, Neiva y Villavicencio— contra una red que usaba empresas de seguridad para dotar de armamento legal y certificaciones de escolta a integrantes de grupos delincuenciales. Entre las firmas allanadas se encuentran Securbel Ltda., Seguridad Sara Ltda. y Pretorian Security Ltda.

La Fiscalía imputó a los representantes de estas compañías por concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según los investigadores, las empresas cobraban entre 10 y 45 millones de pesos por “afiliar” a delincuentes como empleados de vigilancia. A cambio, estos recibían permisos de porte de armas, carnetización y dotación completa con logotipos oficiales, lo que les daba apariencia legal ante las autoridades.

Además, mensualmente las organizaciones criminales pagaban entre 3 y 10 millones de pesos por estos servicios. El modelo, de alta rentabilidad, protegía a los delincuentes de incautaciones y controles policiales, facilitando su operación en zonas urbanas y rurales del país. Algunas de las armas incautadas —más de cien— serán sometidas a análisis balístico para determinar su uso en homicidios. Ocho bienes inmuebles fueron también incautados y entrarán en proceso de extinción de dominio.

Entre los beneficiarios del esquema figuran criminales de alto perfil: alias Terror, cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio; alias Pájaro y El Caballista, vinculados a la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota; y alias Pichi Belén, presunto jefe de La Oficina. Las organizaciones La Constru, Los Rastrojos y Los Rolos también habrían utilizado este mecanismo.

La empresa Pretorian Security Ltda., representada por el coronel (r) Pedro Ruiz, está en el centro del escándalo. Según denuncias de sindicatos de la UNP, esta compañía conformó junto a Prosegur la Unión Temporal UT Alta Seguridad, que recibió en 2023 un contrato para la provisión de escoltas a nivel nacional. La alerta de los trabajadores no apunta a Prosegur —que asumió el 90% del contrato— sino a Pretorian, que tuvo un 10% de participación y, según los denunciantes, no superó filtros adecuados en el proceso de adjudicación.

Tres días después de la denuncia pública del presidente Petro sobre las armas perdidas, el Sindicato Nacional de Escoltas Capacitados en Protección Especial (Sinescapep) y la Asociación Sindical de Empleados de la Protección (Asep) enviaron esta información directamente a la Presidencia y al Ministerio del Interior, cartera de la cual depende la UNP. Entre los documentos figura la resolución 2158 de 2023, que adjudica formalmente el contrato.

En respuesta a los señalamientos, Pretorian emitió un comunicado en marzo, desmarcándose de cualquier participación en hechos delictivos. Alegó que los actos cometidos por Édgar Munévar Castillo, alias El Caballista —señalado de entregar armas y liderar parte de la estructura criminal— fueron a título personal. La empresa reconoció haberlo contratado un año antes de su captura, pero aseguró haber cumplido con todos los requisitos legales. No se refirieron, sin embargo, a la captura de su representante legal, el coronel Ruiz.

¿Qué sigue?

Según fuentes de EL COLOMBIANO, la SuperVigilancia investiga actualmente a 197 empresas de seguridad “inactivas” pero aún con licencia, y se espera que en las próximas semanas se emitan más cancelaciones, por instrucción directa del presidente Petro. El foco estará en identificar posibles sobornos y vínculos de funcionarios —incluso del actual gobierno— en la tramitación irregular de licencias.

Aunque el presidente fue enfático al denunciar el descontrol en la vigilancia privada y el uso de armas del Estado por parte del crimen organizado, no hizo mención alguna al contrato adjudicado a una empresa clave en el escándalo durante su propia administración.

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