Los ex Farc hoy partido Comunes instan a Petro a cumplir con el Acuerdo de Paz, 443 firmantes asesinados

El partido comunes, que dio paso a la vida política de los otrora guerrilleros de las Farc, expresó su inconformidad ante lo que consideran el incumplimiento por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro del Acuerdo de Paz firmado con el entonces mandatario Juan Manuel Santos.

Así lo hizo saber la colectividad tras expedir una comunicación pública en donde expresa sus reparos frente a la firma del Acuerdo. Este el texto completo de su comunicación expedida este lunes 23 de diciembre

“Han transcurrido más de ocho años desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP, tiempo en el cual los firmantes de paz hemos demostrado nuestro compromiso con la reconciliación y la construcción de un país más justo.

Cumplimos con el proceso de dejar las armas y más del 85% seguimos avanzando en la reincorporación política, social, económica y comunitaria. Sin embargo, los resultados del proceso de reincorporación generan una profunda preocupación y exigen acciones urgentes por parte del Gobierno Nacional.

Menos del 10% de las solicitudes de acceso a tierras presentadas por firmantes de paz han sido atendidas, lo que constituye un obstáculo estructural para la estabilidad de sus proyectos productivos y su seguridad integral.

A esto se suma que cerca del 76% de esta población enfrenta desempleo, mientras que un número preocupante de proyectos productivos individuales ha cerrado, y los colectivos están en riesgo de seguir el mismo camino debido a la falta de sostenibilidad.

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Este panorama se agrava en un contexto de inseguridad persistente, reflejado en el asesinato de 443 firmantes de paz, desplazamientos y confinamientos forzados. Esta situación fue reconocida por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-020 de 2022, que declaró un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), señalando el incumplimiento por parte del Gobierno de las medidas acordadas en el Acuerdo Final de Paz y evidenciando una violación masiva y recurrente de los derechos fundamentales de los firmantes de paz y sus familias.

Aunque reconocemos los avances alcanzados durante este Gobierno, como la firma del Decreto del Programa de Reincorporación Integral (PRI), la creación del Sistema Nacional de Reincorporación, el Decreto de las Áreas de Reincorporación Colectiva y las estrategias de sostenibilidad, empleabilidad y trabajo comunitario, las restricciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República amenazan la continuidad de estos esfuerzos.

En particular, el recorte del presupuesto de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que pasará de 356 mil millones a 91 mil millones para 2025, pone en grave riesgo la implementación de la política de reincorporación. Asimismo, la desfinanciación de la ARN y la reducción del presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) han tenido serias repercusiones, como la imposibilidad de adquirir predios clave: el predio de Doncello, Caquetá; el predio Tabera, Tolima; y el predio de Fortul, Arauca, destinado a firmantes víctimas de desplazamiento forzado, así como otros predios destinados a formas organizativas en el país.

A la fecha, no se ha realizado el pago correspondiente a la asignación mensual de diciembre debido a la falta de autorización por parte del Ministerio de Hacienda al Fondo Colombia en Paz, lo que ha generado incertidumbre y vulnerabilidad en los firmantes que ratificaron su compromiso firmando el acta del PRI antes del 9 de diciembre.

Esta situación se suma a las dificultades presupuestales que afectan el proceso de reincorporación, a pesar de la aprobación de 3.507 planes individuales.

La falta de recursos limita la oferta necesaria, y la no instalación del Sistema Nacional de Reincorporación compromete gravemente el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El cumplimiento del Acuerdo Final de Paz representa una obligación jurídica y moral, además de ser fundamental para fortalecer la confianza nacional e internacional en el proceso de paz y en los diálogos en curso con otras organizaciones armadas ilegales.

Por ello, se hace un llamado al presidente Gustavo Petro para que honre los compromisos establecidos en el Acuerdo Final y en el Plan Nacional de Desarrollo.

Es imperativo que se asignen los recursos necesarios para garantizar la continuidad del proceso y que se realicen de manera inmediata los pagos pendientes de la asignación mensual.

Adicionalmente, se solicita a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) que implemente medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de los planes de reincorporación.

El incumplimiento hacia la población en reincorporación no solo socava la confianza en el Estado, sino que también pone en riesgo los esfuerzos por alcanzar la paz total. Es urgente que el Gobierno actúe con la prontitud que la situación exige.

Por la paz, por la justicia, por el futuro de Colombia.

Consejo Nacional de Reincorporación-Componente Comunes

Corporación Nacional de Reincorporación Comunitaria”.

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